Requero indicó que no hay ningún precepto que imponga la obligatoriedad del conocimiento de alguno de los idiomas autonómicos cooficiales del Estado español, como es el catalán, y añadió que el único idioma que se debe conocer obligatoriamente es el castellano, razón por la que ese tipo de medidas pueden incurrir en una "cierta deslealtad constitucional".

El portavoz de la APM apuntó que con este tipo de iniciativas lo que se busca es que los gobiernos autónomos de egiones con lenguas cooficiales constituyan judicaturas "cómodas para el poder autonómico respectivo".

A su juicio, que con este tipo acciones se promueve que el Gobierno de cada comunidad autónoma utilice el pretexto de la lengua para colocar el juez que desee, convirtiendo a la judicatura en "un instrumento del poder autonómico".

No obstante, Requero apuntó que con independencia de que sea bueno que se facilite el conocimiento de las lenguas cooficiales, "lo que no es aceptable es que esto pued dar lugar a que cada comunidad autónoma elija el juez querido por el Gobierno autonómico".

Por su parte, el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), José Antonio Alonso, declaró a Servimedia que le "extrañaría mucho" que el acuerdo entre CiU y PSC para consensuar la utilización del catalán pretendiera obligar a los jueces que ejerzan en Cataluña a conocer la lengua de esta región.

Alonso indicó que no le gusta hacer hipótesis, pero que si de verdad el acuerdo pretende modificarla Ley del Consejo General del Poder Judicial para que los jueces que realicen su labor en Cataluña conozcan el catalán, "diremos lo que haya que decir".