La Comisión aprobó el dictamen con 19 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones, de forma que esta norma ya sólo queda pendiente de su aprobación final en el Pleno de la Cámara, en principio prevista para la sesión del 14 de julio, cuando finalice el Debate sobre el estado de la Nación, para iniciar después su tramitación en el Senado.

En el último momento y con la misma proporción de votos, la Comisión intridujo cinco enmiendas transaccionales que modificaron el texto que salió de la ponencia la semana pasada: cuatro de ellas pactadas entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC, y la quinta con Más País. La novedad más significativa es que el Gobierno se compromete a aprobar en el plazo de seis meses tras la aprobación de la norma de un Reglamento para desarrollar el procedimiento de restitución a los partidos políticos de los bienes y derechos que les arrebató el franquismo.

Otras novedades de estas enmiendas son añadir la cultura aragonesa, la occitana y la asturiana como víctimas del franquismo junto a la catalana, la vasca y la gallega, que ya estaban incluidas; que la nulidad de las sentencias franquistas se incluya en el expediente judicial de los afectados; y que entre los inmuebles auditados como incautados por el franquismo se incluyan los de ateneos o cooperativas. La enmienda de Más País hace referencia a la exposición de motivos, no al articulado, y la cambia por una cuestión de forma pero sin mayores cambios en el contenido, según indicaron a Servimedia desde el grupo parlamentario.

Por el PSOE, Indalecio Gutiérrez justificó la Ley señalando que España todavía tiene deudas con las víctimas del franquismo, como la de exhumar unos 25.000 cadáveres y explicar las vidas de los condenados por el régimen al olvido. Por eso, aseguró que las heridas siguen abiertas y es obligación de Gobierno cerrarlas y repararlas para homologarse a países como Alemania y “borrar cualquier reminiscencia de la dictadura”.

Agradeció a todos los grupos que apoyan la norma e incluso a ERC, que se abstiene, constatando que muchas enmiendas suyas han sido origen de transacciones. Por el contrario, pidió al PP, Vox y Ciudadanos que se sumen al consenso y “demuestren su amor al prójimo” para homologarse a las derechas europeas y que las víctimas del franquismo sean igual de reconocidas que las del bando republicano, por ejemplo con el censo que aprueba crear la ley.

También justificó la extinción de asociaciones que enaltezcan el franquismo y concluyó que no estamos en tiempos para el enfrentamiento sino para la concordia. Finalmente, sentenció que la Transición empezó con la sutura de las heridas, la ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero “continuó con las curas” y la Ley de Memoria Democrática “aspira a ser la cicatriz definitiva”.

PP Y VOX

El portavoz del PP, Jaime Mateu, antes de iniciar la sesión ya había pedido una reunión con expertos en la materia antes de que se celebre el Pleno que aprobará oficialmente la Ley de Memoria, pero el presidente de la Comisión, Patxi López, le recordó que, siendo una reunión fuera del período de sesiones ordinario, él no podía acceder a su petición, que dependería de la Mesa del Congreso.

Mateu afeó a PSOE y Unidas Podemos no haber hablado con el PP de sus 94 enmiendas y que la Ley sea “una bomba de humo para encubrir su nefasta gestión” de la crisis. Alabó la Transición, “que se basó en la concordia y nunca en el olvido”, contrapuso a los socialistas actuales con los que la pactaron, y pidió que la Ley se limitara a la exhumación de víctimas. Además, tachó de “bodrio jurídico” las enmiendas y preguntó si el PSOE es consciente de lo que supone extender el plazo de eventuales crímenes del franquismo hasta 1983 sin, en cambio, mencionar a ETA.

Su compañera de partido María Jesús Moro denunció el “relato sesgado e impuesto por ley” y “las enmiendas revisionistas donde prima la división perpetua” y no la reconciliación, y aseguró que la Ley es “desmemoria e incluso traición” a los líderes de la Transición, entre los que citó al ex secretario general de CCOO Marcelino Camacho. “No aceptamos que el legislador reescriba la Historia para enfrentar a unos contra otros”, sentenció.

El diputado de Vox Francisco José Contreras señaló que la Ley le parece toda ella “lamentable”, y más tras las últimas enmiendas por erigir a EH Bildu en juez y custodio de la memoria española a los 25 años del asesinato del concejal popular Miguel Ángel Blanco. Al PSOE le afeó haber situado al Gobierno de Felipe González como posfranquista al admitir extender la investigación de sus crímenes hasta 1983.

“Esta ley deslegitima la Transición”, denunció, asegurando que las dos Españas ya se perdonaron sus respectivos crímenes, que los vencidos en la Guerra Civil ya fueron compensados en la Transición con muchas medidas y además han tenido el monopolio del relato sobre la contienda.

Contreras tachó la norma de “totalitaria” por imponer una versión única y muy “sectaria” de la historia de España, oponiendo izquierda y derecha para, desde su punto de vista, intentar obtener votos en 2023, y terminó culpando a medidas e ideas de la Segunda República y al golpe de Estado fallido de 1934 del franquista de 1936.

UNIDAS PODEMOS Y ERC

Desde Unidas Podemos, Martina Velarde alabó los principales logros de la Ley, como el derecho a las exhumaciones de las víctimas a cargo del Estado; el nombramiento de un fiscal de sala para perseguir delitos del franquismo; o el que la Ley de Amnistía ya no pueda usarse para no juzgarlos, pues el texto apela a su imprescriptibilidad sancionada por el Derecho Internacional.

Siguiendo su enumeración, Velarde citó la ilegalidad del franquismo, sus juicios y sentencias, la introducción de la memoria histórica en el currículo escolar, que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan optar a la nacionalidad española, y la creación de una base de datos de víctimas del franquismo.

Finalmente, prometió estar vigilante para que todas estas medidas se ejecuten. “Nunca más un país sin memoria, porque, sin memoria, lo que no vamos a tener es futuro. Mejor llegar tarde que nunca”, sentenció, situando al PP y Vox como “herederos ideológicos” del franquismo por votar en contra. Esta alusión generó protestas en los aludidos que tuvo que silenciar enérgicamente Patxi López.

Carolina Telechea, de ERC, comenzó denunciando que la Transición se cerrara “en falso” con la Ley de Amnistía para “blindar la impunidad de los verdugos” y que este Gobierno tampoco se ha atrevido a modificarla. Reconoció avances como la declaración de ilegalidad y nulidad del franquismo y sus sentencias, así como la declaración como víctimas de las lenguas cooficiales; dos puntos que se apropió por haberlos exigido ERC aunque no llegara a pactarlos.

En cambio, lamentó que la ley “se queda muy lejos de ser un texto verdaderamente reparador, perpetuando así un modelo de inmunidad”, porque “no reconoce la responsabilidad del Estado” en la incautación de bienes por el Estado que debería trasladarse en su devolución, comenzando con la actual comisaria de Via Laietana en Barcelona. Así, concluyó que es un texto “ambicioso en lo simbólico y muy pobre en lo efectivo”, por lo que ERC decidió abstenerse.

Al hilo de esta decisión, fuentes del Ejecutivo reconocen que el Gobierno aspira a que ERC, al menos, mantenga la abstención a la Ley votada en la Comisión, aunque seguirán trabajando para que vote a favor porque consideran que este partido comparte los propósitos y, al menos lo fundamental de la norma. Confían en que al menos se mantenga esa posición sin contemplar otro escenario.

CIUDADANOS, PNV Y EH BILDU

En nombre de Ciudadanos, Guillermo Díaz dijo que la Ley de Memoria está mal llamada, porque debería llamarse “de memoria selectiva”, por su “cirugía estética a Bildu” obviando y blanqueando el pasado de ETA. Recordó que Cs presentó una Ley de Víctimas cuya aprobación sería condición para aprobar ésta y recriminó al Gobierno hacer a los abertzales coautores del relato de la Transición española y que “esté dispuesto hasta a apuñalar al Gobierno de Felipe González”, pues se extiende hasta 1983 la investigación sobre crímenes de Transición.

Así, preguntó por qué se despenaliza el enaltecimiento del terrorismo de ETA y se penaliza el del franquismo, distinguiendo entre homenajes a uno y otro, y por qué se hacen diferencias entre víctimas asesinadas por el antiguo régimen o los nazis en Gernika y por la banda vasca. “Si sirves para un propósito político hoy honraremos tu pasado de ayer”, denunció, invitando a los socialistas a no hundir el puñal en su propia historia. De lo contrario, avisó, Cs siempre contará que el PSOE entregó todo a un partido dirigido por terroristas y unió su futuro al de los peores. “Hoy empieza su penitencia y en su miseria está su condena", terminó.

El diputado del PNV Mikel Legarda ratificó su acuerdo con las sucesivas enmiendas que se fueron transaccionado, entre las que celebró que se declare la ilegalidad del franquismo, sus tribunales y sentencias; que se garantice a los historiadores la posibilidad de estudiar el régimen; que se permita recuperar sus bienes a personas expoliadas por éste y que se extienda a 1983 el plazo para reconocer víctimas de la Transición. Además, echó en cara al PP y Vox haber sido cicateros cuando la Transición fue muy generosa con los franquistas.

Desde EH Bildu, Bel Pozueta se jactó de haber mejorado la Ley con sus enmiendas, pero lamentó no haber podido cambiar la Ley de Amnistía para abrir juicios contra los franquistas, como le habría gustado, si bien anunció que su grupo presentará iniciativas legislativas al respecto. Con todo, reiteró el voto afirmativo que ya dio en la ponencia tras transaccionar enmiendas como extender a 1983 el plazo para reconocer víctimas de la Transición.

GRUPOS PLURAL Y MIXTO

En el Grupo Plural, Josep Pagès, de JxCat, comenzó criticando la supuesta “demagogia” de Ciudadanos por la intervención de Díaz. Luego lamentó que la Ley tuviera demasiadas declaraciones solemnes pero no prácticas y, cómo la ley de José Luis Rodríguez Zapatero, siguiera “acomplejada por el marco legal del 78”.

Aceptó que es una ley útil para España pero entonces concluyó que no es su ley, pues no se define el franquismo como fascista ni tampoco se cambia nada para obligar a los jueces a juzgar crímenes del franquismo. Finalmente, reclamó la vuelta a la Generalitat del edificio donde aún está la comisaría de Via Laietana y que a Cataluña, el País Vasco y Galicia se les reconozca como “naciones” víctimas y no sólo comunidades, como pactó el PDeCAT.

Precisamente por este último partido, Sergi Miquel celebró la aceptación de varias de sus enmiendas para mejorar una Ley que le parece necesaria, como el citado reconocimiento como víctimas de instituciones, lenguas y culturas, y la posibilidad de restitución de bienes incautados. Además, avanzó que esta Ley no será un final sino un principio para seguir avanzando en el futuro.

Por el Grupo Mixto, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, avanzó que apoyaría la Ley por anular de oficio las sentencias de los tribunales políticos y garantizar que el Estado se hará cargo del coste de las exhumaciones, y terminó llamando a no olvidar la Historia para no repetirla, la célebre cita de George Santayana.