Preguntado por los periodistas sobre la opinión del Gobierno de que sean estas tres instituciones quienes inicien a la vez los trámites para ilegalizar el partido, Cardenal respondió: "me parece estupendo. Es un deseo que, como manifestaión de la intención de que cuanto antes se haga esto, no por el Gobierno solo, o no por el Parlamento solo, o no por el Fiscal solo, sino por los tres, es una manera muy gráfica de expresar ese deseo".

El Fiscal General hizo estas manifestaciones poco antes de intervenir en el curso de verano de la Universidad Complutense "Terrorismo, un reto al Estado de derecho", en San Lorenzo de El Escorial.

Cardenal auguró que si los miembros de Batasuna "siguen haciendo de las suyas" no tardará mucho tiempoen producirse la petición de ilegalización, aunque añadió que "eso ya nos lo dirá la experiencia de cada día".

En cualquier caso, resaltó que si mañana la banda terorista ETA entrega las armas y Batasuna adopta una actitud de "de lo dicho y lo hecho, nada", la ley no sería aplicable.

"La ley no se aplica por lo que han hecho, sino por lo que siguen haciendo. Y no por un acto aislado. En cuanto haya una repetición de actos, conociendo la historia de todo lo que han hecho, sin necesidad de aplicar on carácter retroactivo la ley, habría motivos suficientes para ilegalizar" a Batasuna, consideró el Fiscal.

Cardenal también coincidió con miembros del Gobierno como Mariajo Rajoy o Angel Acebes en que la Ley de Partidos no producirá una mayor división en la sociedad del País Vasco. "No se puede producir una fractura mayor que la que ya existe, con la mitad de los cargos públicos, parlamentarios, jueces y fiscales obligados a llevar escolta".

El Fiscal General calificó de "barbaridad intolerable el acoso que sufren los concejales no nacionalistas en el País Vasco y valoró la culminación de la instrucción del juez Baltasar Garzón contra el entramado de asociaciones de apoyo a la banda terrorista ETA, en la que se ha podido comprobar que "todo es la misma cosa".

En cuanto a la imposibilidad que encuentran algunas personas del PP o el PSOE para presentarse como candidatos a los ayuntamientos del País Vasco, Cardenal estimó que la fiscalía solo podría actuar si se pone de manifiesto "algún hechoconcreto que impidiera esa posible presentación, de manera que se pueda considerar un delito de amenazas o de coacciones", y, en cualquier caso, "tendríamos que ver caso por caso para ver si encontramos una conducta delictiva, viendo la causa por la que no puede presentarse" esa persona.