Según la policía, la investigación policial comenzó julio de 2024 a partir de la recepción de un correo electrónico en el Servicio de la Atención a la Víctima de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional. Esta comunicación alertaba de la presencia en Santa Cruz de Tenerife de una pareja que, presuntamente, regentaba cuatro clubes de alterne y que dispondría de diversas mujeres bajo su control.

Tras esta comunicación, las pesquisas realizadas por los investigadores permitieron constatar que los cabecillas del entramado realizaban viajes periódicos a diversos países de Sudamérica, donde captaban a mujeres jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad procedentes de entornos empobrecidos.

Las víctimas eran captadas mediante engaños, falsas promesas de empleo y expectativas de una vida mejor, con el único objetivo de explotarlas sexualmente a su llegada a España. Una vez captadas, las víctimas viajaban a nuestro país adquiriendo una deuda con la organización que podía alcanzar los 3.000 euros y que debían saldar a través de la realización de servicios sexuales. Eran alojadas en diferentes inmuebles de la isla que compartían con otras mujeres en la misma situación por los cuales también tenían que pagar, viéndose obligadas a vivir en condiciones muy precarias y sometidas a estrictas normas de control.

Las mujeres en un principio habían aceptado venir a trabajar a España como bailarinas de striptease pero, una vez dentro, eran forzadas a ejercer la prostitución durante largas jornadas y obligadas a consumir sustancias estupefacientes, e incluso en ocasiones eran drogadas por miembros de la organización sin su conocimiento con el objetivo de conseguir su desinhibición.

ESTAFAS A CLIENTES

Los miembros de la organización se aprovechaban de los clientes que venían en estado de embriaguez o mediante el suministro de sustancias estupefacientes, con el objeto de realizar diferentes estafas mediante las tarjetas de crédito, haciendo gastos en los locales y extracciones de dinero en cajeros electrónicos, pudiendo corroborar los investigadores fraudes por un valor superior a 70.000 euros.

Durante el desarrollo de la investigación los agentes pudieron constatar la explotación sexual de menores de edad dentro de los establecimientos controlados por la red, localizando en el interior de uno de los clubs a una menor de 16 años que portaba un documento falsificado.

En la fase final de la operación se llevó a cabo la entrada y registro en siete domicilios, tres clubes de alterne y una gestoría en la Isla de Tenerife, donde se intervino abundante documentación incriminatoria y diversos bienes de alto valor, entre ellos 90.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, diversos relojes de lujo, varias joyas y numerosos terminales móviles.