El texto, que traspone al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre accesibilidad, salió adelante con 153 votos a favor, 100 abstenciones y 3 votos en contra. Incorporó varias enmiendas presentadas por PP y PNV, así como cuatro transaccionales acordadas entre la mayoría de los grupos, por lo que deberá regresar al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.

Una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), encabezada por su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, presenció el debate y aprobación desde la tribuna del Senado. Les acompañó el director general de Derechos de las Personas Con Discapacidad, Jesús Martín Blanco.

A su paso por el Congreso, la norma incorporó importantes cambios sugeridos por el Cermi, de los que se hicieron eco distintos grupos parlamentarios mediante enmiendas. Entre dichas mejoras destaca la prohibición legal de celebrar espectáculos públicos -como los taurinos- , que supongan vejación para personas con discapacidad, a propuesta de ERC.

Otras enmiendas aprobadas en la Cámara Baja tenían que ver con la regulación legal de los Centros Estatales sobre Trastornos del Espectro del Autismo y de Documentación e Investigación sobre Discapacidad, impulsadas por el Grupo Parlamentario Popular la adaptación a lectura fácil y transcripción en braille de las informaciones referidas a la seguridad en el uso de bienes y productos, el mandato al Gobierno para actualizar la normativa reglamentaria del Real Patronato sobre Discapacidad, o la ampliación a intervenciones de accesibilidad universal del Fondo Reina Letizia para la Inclusión Educativa.

La presidenta de la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad, María teresa Fernández, presentó ante el Pleno el informe de ponencia de este proyecto de ley, aprobado en dicha Comisión hace una semana por 15 votos a favor y 13 abstenciones.

Este informe introdujo ”mejoras técnicas”, pero en lo fundamental mantuvo la redacción con la que entró del Congreso. Llegó a la Cámara Alta el 4 de abril y en el breve plazo para la presentación de enmiendas (hasta el 10 de abril) cosechó 64 propuestas y un total de 4 votos particulares en contra.

En su intervención, Fernández destacó que esta es una ley “compleja y muy diversa, que va a facilitar la vida de las personas con discapacidad”. Contribuirá a agilizar muchos trámites y a derribar barreras, prosiguió, así como a “implantar medidas que promueven la accesibilidad universal”.

AVANCES TÉCNICOS

En el apartado de accesibilidad, se aceptaron cinco enmiendas propuestas por el PP dirigidas a mejorar y clarificar la redacción de algunos aspectos técnicos de la norma.

Destacan los mayores requisitos de accesibilidad para la interfaz de usuario y las funcionalidades de las terminales de autoservicios, a las que se exige disponer de canal de audio como complemento a la información que aparece en pantalla, permitir el uso de auriculares, ofrecer tecnologías adecuadas para las personas con implante coclear o audífonos si la información se transmite mediante sonido, avisar si el tiempo de respuesta es limitado, y contar con botones marcados en Braille o relieve, con un contraste y color adecuados.

También se aprobaron precisiones respecto a la accesibilidad de los libros digitales (para que combinen audio y texto) y de algunos servicios específicos, se amplió la exigencia de accesibilidad para personas con sordera del servicio de Emergencias 112 europeo a las comunicaciones en itinerancia que se producen dentro del territorio español, y se decretó que todos los sitios web recogidos en el título I del proyecto de ley deben cumplir, como mínimo, un nivel medio dentro de los estándares de accesibilidad al contenido recogidos en la normativa nacional.

En cambio, otras enmiendas impulsadas por el Cermi y propuestas por el PP resultaron rechazadas.

Así sucedió con la petición de gratuidad de los peajes de autopistas para los vehículos de personas con movilidad reducida; la exigencia a los fabricantes de proporcionar formación continua y adecuada a sus empleados sobre el diseño, fabricación y producción de artículos y bienes accesibles; más garantías de accesibilidad en las llamadas y comunicaciones al número de Emergencias 112 para personas con sordera que se desplazan a otra comunidad autónoma; o la consideración como Centros de Referencia Estatal de aquellos organismos dependientes de asociaciones colaboradoras de la administración General del Estado y acreditados por el Ministerio con competencias en discapacidad.

Como ejemplo, la senadora popular Violante Tomás citó el Centro de Innovación y Tiflotecnología (CTI) de la ONCE, que representa “un verdadero ejemplo en España y en todo el mundo de promoción de la accesibilidad y productos de apoyo para personas con discapacidad visual”.

Cada año, el CTI saca adelante unos 150 proyectos y testea muchos más productos, y defendió su equiparación a los Centros de referencia Estatal que dependen del Imserso o del Real Patronato sobre Discapacidad. “Tendrán que explicar muy bien por qué se oponen a estas enmiendas”, afirmó Tomás.

La portavoz socialista apuntó por su parte que todas “han sido estudiadas con mucho detenimiento y bien valoradas”, y que su rechazo se debe a informes en contra de los ministerios responsables por “cuestiones técnicas” (como que ya existe normativa al respecto) o de tipo económico.

Las enmiendas admitidas deberán ser ratificadas en el Congreso de los Diputados.

El Pleno aprobó además cuatro propuestas de modificación acordadas por todos los grupos a excepción de Vox, referidas a las demás directivas incluidas en este proyecto de ley.