El delegado del Área de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, se limitó a explicar que el expediente, aprobado inicialmente el 29 de enero de 2026, fue sometido a información pública, periodo en el que se recibieron dos alegaciones políticas de Más Madrid y del PSOE. El edificio, de 1.047 metros cuadrados, cuenta con una protección integral nivel 1 y el plan especial regula el régimen de obras y analiza el impacto de la implantación del hospedaje.

El concejal socialista Antonio Giraldo lamentó que se trate de “un caso más, un nuevo plan especial” que ahonda en la “preocupante terciarización del distrito centro”. Sugirió que Carabante podría “hacer un plan especial para toda la Gran Vía e implantar el uso de hospedaje ya en toda ella”. Destacó el alto valor del edificio, de protección grado uno integral y estilo art déco, y mencionó que, cuando albergaba los juzgados de lo mercantil, se realizaron “algunas actuaciones realizadas en el propio edificio sin licencia”, incluyendo “una piscina y un jacuzzi hechos sin licencia en la azotea”. Criticó la “ausencia total de una estructura o una política que guíe la implantación de estos usos” y la discrecionalidad del Gobierno, que tramita proyectos “en modo ventanilla única, pero sin valorar qué impacto tiene luego en el distrito”.

La concejala de Más Madrid Lucía Lois se opuso calificando el proyecto como parte de un “modelo de ciudad” que busca “convertir el centro de Madrid en un monocultivo turístico”. Citó ejemplos como el hotel Wow, Metrópolis, Pescaderías Coruñesas y los pisos turísticos del Duque de Alba. Argumentó que el “interés general” no consiste en convertir un edificio residencial en otro hotel de lujo y que “el patrimonio no puede convertirse en una coartada permanente para la rentabilidad privada”. Criticó que la protección patrimonial “sirve solo cuando interesa y desaparece cuando estorba”, comparando el caso con el Baobab de Lavapiés, donde se rebajó la protección para hacer otro hotel. Afirmó que el “plan reside” no ha protegido el uso residencial, sino que ha atraído “hoteles, hoteles y más hoteles”, y que “una ciudad no se protege convirtiéndola en un decorado”.

En su réplica, Carabante defendió el derecho de los propietarios a destinar sus inmuebles a usos que se acomoden a la normativa, señalando que el uso hotelero es “un uso alternativo y por tanto conforme a las normas urbanísticas”. Al Partido Socialista, le recordó que el "Plan Reside” permite “ordenar los usos” y “conciliar la vivienda, impulsando la generación de vivienda, pero también la implantación de la actividad hotelera”. Afirmó que el distrito Centro ha crecido en “10.000 vecinos en los últimos años”, desmintiendo la expulsión de residentes. Preguntó además por qué el primer hotel construido en Lavapiés bajo el mandato de Más Madrid no expulsaba vecinos y por qué se opusieron a este proyecto pero no a la transformación de un edificio de UGT en Hortaleza 88 en hotel. Defendió el “interés general” por “una inversión de 7,8 millones de euros” y “una actuación que va a preservar el patrimonio histórico”.

El concejal de Vox Ignacio Ansaldo criticó la aprobación del hotel mientras se observa a personas sin hogar en esa misma calle. Denunció que la izquierda se preocupa por la “semántica” en lugar del problema real de la indigencia. Aunque consideró el plan especial “legal”, afirmó que “no es el uso ideal" desde punto de vista por lo que anunció la abstención de su grupo. La propuesta salió adelante con los votos a favor del Grupo Popular, la abstención del Grupo Municipal Vox y los votos en contra del Grupo Socialista y el Grupo Más Madrid.