Luzón ratificó ayer sus peticiones de 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo García, y siete años para Víctor de Aldama. Además, anunció ligeros cambios en sus conclusiones definitivas, que no afectarían a las penas de cárcel que solicita.

Mientras tanto, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, sí han solicitado rebajar la condena a Aldama al considerar "muy cualificada" la atenuante de confesión por colaborar con la Justicia. Las defensas de Ábalos y Koldo García también elevaron a definitivas sus conclusiones, pidiendo la absolución.

La fiscal general del Estado ordenó a Luzón el mismo lunes que no rebajara su petición pena de cárcel en sus conclusiones finales. Una vez concluida la declaración de Ábalos, el fiscal jefe Anticorrupción tomó la palabra y elevó a definitivas las conclusiones de su escrito de acusación.

Sin embargo, fuentes fiscales indicaron que Luzón hará constar en su informe final que aprecia una atenuante cualificada o muy cualificada de confesión, lo que sobre el papel podría suponer una rebaja de uno o dos grados en la petición de pena para Aldama, aunque finalmente esa modificación no se materialice.

El artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que "el fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia". Esta formulación deja vía libre a Luzón para expresar su punto de vista en el juicio.

Una rebaja en la pena que la Fiscalía pida para Aldama supondría que, en caso de condena, el empresario no entraría en prisión. En ese caso cada uno de los delitos que se le imputan sería castigado con menos de dos años de prisión y la ejecución de la pena podría ser suspendida.

La decisión final corresponderá al tribunal, que puede aplicar en su sentencia las atenuantes que crea oportunas con independencia de las peticiones de las partes, si bien la posición de la Fiscalía siempre es tenida muy en cuenta.

En su declaración de la pasada semana, Aldama denunció la presunta financiación ilegal del Partido Socialista, la participación del presidente, Pedro Sánchez, en la trama y las supuestas prácticas corruptas de miembros o exmiembros del Gobierno como María Jesús Montero, Nadia Calviño, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol.