Esta medida permitirá seguir financiando 325 plazas públicas durante los próximos cuatro años, hasta 2030, con un aumento en la inversión de casi un 22% en los pisos y de casi un 55% en las pensiones, para ofrecer un alojamiento supervisado estable y de calidad a este colectivo.

Además, introduce un nuevo sistema de gestión de la calidad, la actualización de los protocolos y registros para mejorar los procesos de atención, y los incrementos y complementos salariales del nuevo convenio de discapacidad.

Estas plazas están ubicadas por toda la región. Los pisos son un recurso comunitario de soporte social en los que conviven varias personas con patología crónica, con un nivel suficiente de autonomía y seguimiento por parte de psicólogos y educadores sociales.

Por su parte, el alojamiento supervisado en pensiones es un servicio de apoyo con cobertura de las necesidades básicas y de manutención para quienes tienen un mayor nivel de autonomía, pero continúan sin recursos económicos. En estos casos reciben ayuda de trabajadores y educadores sociales.

La Comunidad de Madrid ofrece actualmente un total de 7.181 plazas públicas, 93 más que el año pasado, en los 233 centros especializados que forman la Red de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera.

Además, 38 unidades de Apoyo Social Comunitario ofrecen ayuda psicológica y social en el propio domicilio, en coordinación con los profesionales de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud.