Por un lado, el Partido Popular quiere mejorar las condiciones de trabajo de este colectivo, pero también confinar a estas mujeres en locales oficialmente reconocidos para de esta forma 'limpiar' las calles madrileñas de prostitutas.

Ante ello, la delegada delGobierno, Pilar Lledó, se ha mostrado partidaria de "ordenar" esta actividad, que tantas implicaciones de seguridad ciudadana y sanitarias tiene, pero sin concentrar a las 'trabajadoras del sexo' en calles determinadas o "barrios chinos", sino en locales discrecionalmente repartidos por la ciudad.

"No me estoy refiriendo en ningún momento, como si fuera Amsterdam, en una calle determinada ni en una cuestión determinada hacer 'barrios chinos', no me estoy refiriendo a eso; me estoy refiriendo a que se engan unos locales con unas condiciones higiénicas y de todo tipo, y ellas también, y que nadie se sienta molesto con este tema", señaló Lledó.

Por su parte, el Colectivo en Defensa de los Derechos de las Prostitutas ha denunciado "la doble moral y la hipocresía" que desvela la postura de Ruiz-Gallardón y Alvarez del Manzano, "que se manifiesta en que su única preocupación es que la prostitución no se vea, importándoles poco los problemas de marginación social y estigmatización que hoy sufre el colectvo de prostitutas, especialmente las que ejercen en la calle".

Los defensores de la prostitución reivindican que se descriminalice y se reconozcan los derechos laborales de quienes la ejerzan: Seguridad Social, pensiones, derecho a trabajar donde quieran, etc.

Asimismo, piden que no paguen más impuestos por su actividad que otras trabajadoras y que no se implanten controles sanitarios obligatorios, sino que se orquesten campañas dirigidas al conjunto de la población para evitar prácticas de riesg utilizando preservativos en las relaciones heterosexuales.