La primera de ellas, de 43 millones de euros, dirigida al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (Icaah). La segunda de 7,4 millones de euros al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM).

El Ejecutivo autonómico asegura con esta dotación presupuestaria el cumplimiento de la Constitución Española, que recoge el derecho fundamental de todos los ciudadanos que carecen de los recursos económicos suficientes a la tutela judicial efectiva y la asistencia jurídica gratuita. Un total de 111.351 personas acudieron a este servicio público en 2022, lo que representa un aumento del 3,5% con respecto al ejercicio anterior.

Los pagos a los letrados se canalizan a través del Consejo de Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a ICAM e ICAAH. En el caso de la procura, se realizan por mediación del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España. Actúa como entidad colaboradora.

El Consejo de Gobierno ha aprobado también dos convenios entre la Comunidad de Madrid y estos colegios de abogados para la prestación del servicio de orientación jurídica durante 2024. El Ejecutivo autonómico abonará 1,1 millones de euros al ICAM y 300.000 euros al ICAAH.

La región cuenta con 75.716 abogados colegiados -74.241 en el ICAM y 1.475 en el ICAAH-, según la memoria anual 2022 del Consejo General de la Abogacía Española. Por su parte, el número de procuradores ascendía en esa misma fecha a 1.506.