“Este texto consagraría con rango de ley orgánica las prácticas opacas, fraudulentas y corruptas, realizadas presuntamente en tramas como la de Servinabar, vinculada a Cerdán. Dicho de otro modo, es un salvoconducto para que la corrupción siga campando a sus anchas en el Gobierno y en el partido de Pedro Sánchez”, lanzó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa tras la reunión de Consejo de Gobierno.

Según explicó, la norma sustituye la escritura pública ante notario que refleja la estructura societaria de una empresa por un documento privado electrónico “desmantelando un sistema de prevención como el español, reconocido internacionalmente y que actúa desde las notarías como barrera frente al blanqueo de capitales, la corrupción y el fraude”.

A su juicio, los notarios cumplen una función “esencial”: “No solo dan seguridad jurídica a las operaciones, sino que permiten saber quién está realmente detrás de las empresas a través del Registro de Titularidades Reales, algo fundamental para perseguir el crimen organizado”.

“De esta forma, pretenden cargarse de un plumazo una herramienta clave para la UCO, la UDEF, los jueces y fiscales en la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el fraude”, lamentó.

Además, considera que “la norma propuesta añade más cargas burocráticas y más papeleo a empresas y administraciones, lo que se traduce en más costes y más complicaciones para el día a día de las empresas”.

El anteproyecto también concentra toda la lucha contra la corrupción en una sola Agencia que califica de "independiente" pero que, en la práctica, quedaría bajo el control del Ejecutivo.

Para García Martín, el texto diseña una nueva Agencia que funcionaría, “una vez colonizada por un comisario sanchista, como un apéndice más del Palacio de La Moncloa”, como "ya se ha visto con otros órganos e instituciones en los últimos años”.

Por todo ello, “el rechazo al texto ha sido generalizado y rotundo. Notarios y abogados, e incluso la Comisión General de Codificación y el Consejo Fiscal alertan sobre lo mismo: que esta Ley, en la práctica, supondría menos controles contra el fraude, el blanqueo y la corrupción, más inseguridad jurídica, más burocracia, e incluso advierten errores de técnica legislativa”, incidió.

“Nada de lo que hace Pedro Sánchez es casual. Y esta medida supone un paso más de Pedro Sánchez en el desmantelamiento de la arquitectura institucional y de los controles y contrapesos que consagra la Constitución de 1978”, zanjó.