La medida, que favorece la contratación pública inclusiva y el fomento del empleo para personas con discapacidad y colectivos con dificultades de empleabilidad, representa un incremento del 0,25% en el porcentaje y de 400.000 euros en la cantidad mínima reservada con respecto a 2026.

Estas referencias son el mínimo comprometido, por lo que los contratos finalmente reservados por el Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas del sector público pueden superar este umbral. Tras este acuerdo, la titular del Área de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, fijará las directrices y aprobará el plan de contratos mediante un decreto antes de final de año.

Las cantidades han aumentado progresivamente desde 2019, año en el que se fijó el porcentaje mínimo de reserva en el 2% y el importe en 2,4 millones de euros. Desde entonces, los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción han ejecutado 368 contratos municipales por un importe superior a 64,7 millones de euros. Solo en 2026, el plan de reserva contempló contratos por más de 9,6 millones de euros, superando el mínimo del 4% establecido para ese año.

El rango de actividades desarrolladas fruto de estos contratos abarca servicios de limpieza, jardinería, recogida y reciclaje, lavandería, hostelería y catering, servicios de imprenta, almacenamiento y reparto o trabajos administrativos y auxiliares, entre otros.

Los centros especiales de empleo de iniciativa social son empresas con un mínimo del 70% de la plantilla formada por personas con discapacidad, promovidas por entidades sin ánimo de lucro y que reinvierten sus beneficios en la creación de empleo. Por su parte, las empresas de inserción son sociedades cuyo fin es la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario.