El conflicto sobre el transporte públio madrileño surgió el pasado mes de octubre. Desde entonces, el Consorcio ha sido el escenario del enfrentamiento entre el Ayuntamiento de la capital, que se negó a aportar los 6.000 millones de pesetas que reclamados por los responsables de este organismo, y la Comunidad de Madrid.

A partir de esa fecha, y durante varios meses, la discusión entre ambas administraciones se fue transformando desde una guerra de cifras sobre las aportaciones que cada institución debería hacer a ese organismo, hasta una valuación de las repercusiones que la decisión municipal iba a tener en las tarifas e inversiones del Consorcio.

Mientras que responsables del Consorcio valoraron en un 40 por ciento el incremento que experimentarían las tarifas por culpa de la negativa municipal, los dirigentes de la Casa de la Villa aseguraban que esa subida era desmesurada e injustificada desde el punto de vista social y económico.

Algunos representantes del Gobierno de Leguina insinuaron que el si el equipo de Alvarez del Manano no modificaba sus planteamientos, peligraría la Ley Especial de Madrid que tanto anhela el regidor de la Casa de la Villa.

Alvarez del Manzano afirmó tajantemente que él no aceptaría ningún "chantaje" de este tipo y que el Ayuntamiento solicitaría una auditoría de la gestión del Consorcio, en el caso de que la información que les suministraran no fuera convincente.

Por su parte, los responsables autonómicos apuntaron la posibilidad de impugnar los presupuestos municipales para este año, en lo que figura una cantidad de 10.000 millones de pesetas en concepto de aportación municipal al Consorcio de Transportes.

DESOBEDIENCIA CIUDADANA

Posteriormente, el conflicto se trasladó a la calle, cuando CCOO y UGT, así como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) advirtieron de un posible llamamiento a la desobediencia ciudadana, para que los madrileños no pagasen el transporte público, si éste experimentaba una subida del 40 por ciento.

Asimismo, convocaron una conentración para mañana, frente a las puertas del Consorcio, y una manifestación que tendrá lugar el próximo día 21, con origen en la Puerta del Sol y final en la Casa de la Villa.

Coincidiendo con esta polémica, el hasta entonces presidente del Metro de Madrid, Guillermo Vázquez, presentó su dimisión la semana pasada, alegando discrepancias con la política de transportes del Ayuntamiento, y su "cansancio" ante las reiteradas críticas de los trabajadores de la compañía y del Grupo Popular en la Asambleade Madrid.

Finalmente, los trabajadores de la EMT aportaron su "granito de arena" a la conflictiva situación que vive el transporte madrileño.

El pasado viernes, la Plataforma Sindical, sindicato mayoritario en el comité de empresa de la EMT, anunció que Madrid se quedaría sin autobuses durante todo el día de mañana.

Entre las razones esgrimidas para convocar el paro destacan su disconformidad con la situación creada en el Consorcio por el recorte presupuestario municipal, ya que aseguraron ue este hecho traerá consigo una reducción de las inversiones, lo que paralizará la mejora de la flota de los autobuses, perjudicando a la calidad del servicio prestado a los usuarios.