Según el escrito remitido al alto tribunal, los sucesos de la pasada semana que desembocaron en la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta no pudieron ser articuladas por “las mafias”, tal y como sostienen las autoridades de los dos países, y estima que estas organizaciones no tienen estructura para provocar “una invasión”.

Manos Limpias sostiene en su denuncia que "aquí ha habido una víctima, España, como nación soberana, sus ciudadanos y primordialmente los españoles de Ceuta" y asegura que “se ha producido un delito" y "no se puede pasar página con el falaz argumento" de que ya han sido repatriadas la mayoría de las personas que llama "invasores-delincuentes".

A juicio del pseudosindicato, aún hay miles de personas que "siguen ocupando territorio español" y los delitos no pueden “quedar impunes”. El escrito asegura que “los servicios de información españoles (CNI) eran conocedores de la invasión”, al igual que los marroquíes.

Manos Limpias, por tanto, sostiene que la ministra de Defensa, Margarita Robles, “como responsable máxima del CNI, después de la directora general” y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, estarían informados y ellos se le habrían trasladado la información al presidente del Gobierno.

Entienden los denunciantes que la alerta era “suficientemente grave" como para que los tres acordaran "los mecanismos no solo diplomáticos, sino de defensa ante la invasión", por lo que denuncian “inacción” del Gobierno y “una gravísima imprudencia”. El pseudosidicato arremete también contra la Fiscalía por incumplir su deber de defender la legalidad vigente y la Constitución y no haber incoado diligencias de investigación sobre los hechos.

La denuncia concluye que Sánchez, Marlaska y Robles han podido incurrir en un delito de "omisión del deber de perseguir delitos" y dejación de funciones "patente, manifiesta y total".