Las organizaciones Amarme, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Pacto por el Mar Menor y SEO/BirdLife ejercerán la acusación particular en nombre del Mar Menor y su cuenca. Una ley de 2022 reconoce que cualquier persona física o jurídica está legitimada para la defensa de ese ecosistema, el primero con personalidad jurídica de Europa.

A diferencia de otros procedimientos penales de la misma trama que se cerraron con acuerdos de conformidad con la Fiscalía, esta vista oral constituye la primera oportunidad procesal para acreditar ante los tribunales que la explotación económica descontrolada del entorno es la causa directa de un colapso ecológico sin precedentes.

“Este juicio es un hito porque, por primera vez, el Mar Menor se defiende a sí mismo en los tribunales gracias a su personalidad jurídica. Pero llegamos a Cartagena con la impotencia de abordar solo una pequeña parte del problema”, según Inés Díez, responsable del área jurídica de Greenpeace.

Díez añade: “La fragmentación de la causa del caso Topillo en pequeñas piezas y la exclusión de los responsables políticos de llevar al Mar Menor a un estado crítico restan la profundidad que la gravedad de los hechos exige”.

Las empresas Ecosarete y Datelio están acusadas por delito medioambiental junto con el administrador único de ambas, para quien el Ministerio Fiscal pide una pena de prisión de siete años, además de 506.137,44 euros en concepto de responsabilidad civil.

A ambas empresas se las acusa de delitos contra el medio ambiente por vertidos continuados de salmueras con altas concentraciones de nitratos al Mar Menor.

MACROCAUSA

El procedimiento que ahora llega a juicio tiene su origen en el conocido ‘caso Topillo’, una macrocausa judicial iniciada a partir de las investigaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) tras la crisis ecológica del Mar Menor evidenciada a partir de 2015, con episodios extremos de eutrofización -la denominada ‘sopa verde’- y mortandades masivas de fauna en años posteriores.

Durante la investigación, el Seprona destapó la existencia de una red de desaladoras privadas e ilegales, muchas de ellas ocultas o camufladas en explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena, utilizadas para desalar aguas extraídas de pozos no autorizados.

El rechazo generado por estas instalaciones (salmuera con elevadas concentraciones de nitratos) era vertido sin control al subsuelo, a ramblas o a infraestructuras de drenaje que desembocan finalmente en el Mar Menor.

La complejidad y magnitud de los hechos investigados llevaron a la fragmentación del ‘caso Topillo’ en decenas de piezas separadas con el fin de facilitar su enjuiciamiento.

La causa principal se centró en cerca de 40 empresas agrícolas y en la posible responsabilidad penal de altos cargos de la administración por omisión de controles, mientras que las distintas piezas separadas, como la que ahora se juzga, abordan conductas concretas atribuibles a explotaciones individuales.

PIEZA SEPARADA

En esta pieza separada, Ecosarete y Datelio. están acusadas de haber operado desaladoras sin autorización administrativa entre 2015 y 2017 en varias fincas agrícolas del Campo de Cartagena, incluyendo la conocida como Mar de Cristal.

Según los informes periciales incorporados a la causa, estas instalaciones llegaron a desalar más de 649.000 metros cúbicos de agua, generando más de 162.000 metros cúbicos de salmuera contaminada, que acabaron alcanzando el ecosistema lagunar.

Estas conductas provocaron un daño grave y un riesgo catastrófico para el equilibrio ecológico del Mar Menor, al afectar a hábitats y especies protegidas en un espacio con múltiples figuras de protección ambiental, como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Humedal Ramsar y Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).

Los hechos están calificados como delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, con el agravante de la especial protección del espacio afectado y la magnitud del daño causado. El perjuicio económico directo al medio ambiente ha sido valorado pericialmente en más de 500.000 euros. No obstante, SEO/BirdLife apunta que esa cifra no recoge la totalidad de los daños ocasionados al ecosistema, a la biodiversidad ni a los servicios ambientales que presta el Mar Menor.

“Este juicio es una oportunidad para que la justicia reconozca la gravedad de los delitos ambientales cometidos y refuerce el principio de que quien contamina debe reparar el daño causado, especialmente cuando se trata de un espacio natural de valor excepcional como el Mar Menor”, indica SEO/BirdLife.