Así lo advirtieron en un comunicado emitido coincidiendo con la conmemoración, este martes, del Día Mundial de la Justicia Social y en el que abogaron por la articulación de unos servicios públicos “de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades, la universalidad y los derechos sociales” y por que las políticas sociales “garanticen el bienestar de toda la ciudadanía”, conscientes de que, “si la infancia y adolescencia se quedan fuera, no hay justicia social”

Tras puntualizar que en España más de un millón de niños y adolescentes se encuentran en situación de “pobreza severa”, lo que supone el 13,5 % del total de población menor de 18 años, según el Informe Arope 2023 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España, aseveraron que, en la Comunidad de Madrid, esta situación de pobreza infantil es “aún más preocupante” debido a la “falta de medidas suficientes, inclusivas y garantistas” en los ámbitos educativo, sanitario, de vivienda y social.

“Este año queremos centrarnos en la dificultad de acceso a ingresos básicos garantizados y en cómo la falta de apoyo estructural periódico impacta y agrava la privación material significativa de niños, niñas y adolescentes”, abundaron.

Asimismo, lamentaron que el Ingreso Mínimo Vital “no ha conseguido ser la renta garantista que necesitamos” y que la Renta Mínima de Inserción autonómica “no es el complemento de ingresos adecuados para alcanzar el bienestar de la infancia y sus familias” en una de las comunidades autónomas con “más desigualdad económica y social, a pesar de ser la de mayor renta per cápita del Estado”.

En este contexto, defendieron que la red de servicios sociales es un “recurso imprescindible” para “contener y apoyar” a la infancia y adolescencia, junto con sus familias, en situaciones “difíciles”. “Es necesario fortalecer esta red mediante la implementación de medidas justas y eficaces de apoyo y acompañamiento”, abundaron.

En paralelo, ambas organizaciones afirmaron que, si niños y adolescentes no tienen vivienda digna, luz o calefacción” no hay justicia social”, al igual que cuando la infancia y adolescencia con discapacidad y medios económicos “insuficientes” no accede a la atención temprana “de manera inmediata”, cuando “no se hacen efectivas las becas escolares y la alimentación no está garantizada” y cuando se llevan a cabo “declaraciones que ponen en riesgo la integridad de niños y adolescentes migrantes”.