Marruecos es una monarquía constitucional en la que el rey Mohammed VI conserva una parte significativa del poder ejecutivo, además de poder elegir al jefe de gobierno entre candidatos no electos. También ejerce cierto control directo sobre algunos ministerios, conocidos como ‘ministerios de soberanía’, tales como Asuntos Religiosos, Defensa, Interior y Asuntos Exteriores.

Por lo tanto, los 395 miembros de la Cámara de Representantes, que se renuevan cada cinco años, tienen poco que decidir. A esto se suma el hecho de que el sistema proporcional fomenta la fragmentación y hace necesaria la existencia de gobiernos de coalición sin un partido efectivamente dominante, y por lo tanto con un peso político potencial independiente del Palacio Real.

Los votantes inscritos en el Ministerio del Interior suman aproximadamente 16 millones, frente a una cifra teórica de 28 millones de votantes potenciales. Tan solo el 3% son jóvenes, lo que refleja la represión contra el movimiento juvenil GENZ212, que reclamaba reformas sociales. En consecuencia, la tasa de abstención, que alcanzó un máximo del 57% en 2016, podría superar fácilmente el 50% de hace cinco años.

Los tres partidos que han formado gobierno desde 2021, y que se encuentran entre los principales contendientes, son la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), el Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM) e Istiqlal, el más antiguo del país, fundado en 1944. La oposición está liderada por el Partido Justicia y Desarrollo (PJD), de tendencia islamista moderada, que gobernó durante una década, de 2011 a 2021.

Sea cual sea el resultado de la votación, no se prevén cambios en la política exterior de Marruecos ni en sus relaciones con Europa: la defensa de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental sigue siendo una línea roja que ningún gobierno puede traspasar; en cuanto a la gestión de los migrantes, como han demostrado los acontecimientos recientes en Ceuta, sigue siendo un arma que Rabat puede utilizar a su antojo.