En un comunicado, Marsans denuncia que, con este paso, la Casa Rosada "pretende vestir de legalidad una expropiación que quiere aplicar tras hacer una valoración partidista y parcial de la Compañía y negárse a una tercera valoración de tasadores independientes".

Esa tercera valoración estaba contemplada en el acuerdo que el propio Gobierno argentino, a través de su ministro de Planificación, suscribió en el acta de acuerdo de 17 de julio pasado.

Por todo ello, Marsans rechaza la resolución de la Comisión Bicameral del Congreso argentino, donde tiene mayoría absoluta el Frente para la Victoria (partido en el poder), y considera ofensiva la valoración que el Ejecutivo de Cristina Fernández hace de la compañía.

En concreto, el Tribunal de Tasaciones argentino valoró la compañía en 1 euro, frente a los mas de 300 millones de dólares estimados por Credit Suisse, entidad encargada de la tasación por parte de Marsans.

Asimismo, Marsans advierte de que hará valer todos los derechos que pudieran corresponderle frente al Estado argentino conforme al Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y el Reino de España, así como los que pudieran corresponderle según las normas del derecho local e internacional.

Sin embargo, Marsans todavía espera, en un último esfuerzo, conciliar con el Gobierno argentino una salida honorable para las partes.