Así se refleja en el informe anual de 2025 del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI) presentado este miércoles en la sede de la Representación de la Comisión Europea en España. El análisis también muestra que, teniendo en cuenta el conjunto de solicitudes de asilo tramitadas, las cuatro primeras nacionalidades son Venezuela, Malí, Colombia y Perú. Además, en 2025 se concedieron 7.838 estatutos de refugiado, principalmente a nacionales de Nicaragua, Colombia, Afganistán y Honduras.

El año 2025 estuvo marcado por la plena entrada en vigor del nuevo reglamento de Extranjería y por la transición hacia la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, inauguró la presentación del Informe y dijo que las solicitudes de asilo registradas en 2025 sitúan a España “en primera línea de la gestión operativa europea”.

Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, las solicitudes de autorizaciones de residencia aumentaron en cerca de un 50% (de 495.000 solicitudes presentadas hasta el 20 de mayo de 2025, a 724.000 solicitudes presentadas a 31 de octubre).

Además, 95.000 personas regularizaron su situación por alguna de las vías de arraigo y se presentaron 102.000 solicitudes de residencia para familiares de ciudadanos españoles, así como 93.000 solicitudes por estudios.

Respecto a la situación de la población extranjera en el mercado de trabajo, los datos del FISI apuntan a que la ocupación de personas migrantes y españolas es “complementaria, no competitiva”. Los extranjeros se emplean en los grupos de ocupación donde retrocede la española y muchos eligen el autoempleo. Su actividad laboral se encuadra en sectores como los cuidados del hogar, agricultura y ganadería, construcción, confección y los servicios de alojamiento.

Entre las recomendaciones del Informe del FISI destaca la necesidad de adoptar medidas para evitar que la complementariedad laboral inicial se convierta en estructural, fomentando la formación en ocupaciones donde la población extranjera está infrarrepresentada.

La tasa de sobre cualificación entre los migrantes extracomunitarios (fuera de la UE) menores de 35 años alcanza el 51,1%, más de 20 puntos por encima de la española, que se sitúa en el 31,2%. Esto supone una pérdida de capital humano con coste real para la economía y la cohesión social.

Las mujeres extranjeras tienen mayor presencia en el mercado laboral que las españolas, pero se concentran en las ocupaciones peor remuneradas. El 54,8% de las mujeres extranjeras están en riesgo de pobreza o exclusión social. El Informe recomienda políticas específicas de empleo e igualdad.

Asimismo, el acceso a la vivienda continúa siendo una traba fundamental para la integración social de los inmigrantes. En su Informe, el FISI destaca que muchas inmobiliarias aceptan prácticas discriminatorias, y que las tasas de exclusión residencial entre extracomunitarios superan el 47%.

SERVICIOS PÚBLICOS

El Informe plantea que la población migrante experimenta obstáculos para ejercer derechos como el acceso a la sanidad, el empadronamiento, la denuncia segura, la homologación de títulos y el acceso a la educación. Esta situación se ve agravada por narrativas que distorsionan la realidad sobre el uso de los servicios públicos.

El análisis del FISI rechaza también la visión de “abuso de los servicios públicos y de las ayudas sociales por parte de los migrantes” y describe las dificultades que tienen muchas personas para acceder a derechos que sí tienen reconocidos. Dichas narrativas “distorsionadas” agravan esas “dificultades y contribuyen a la infradenuncia”, lo que dificulta la “persecución de conductas delictivas como el racismo y la xenofobia”.

En cuanto a la educación, el documento explica las diferencias entre los hijos e hijas de migrantes y los jóvenes con padres y/o madres nacidos en España son más notorias respecto a los estudios universitarios, ya que solo el 28% de los hijos de migrantes acceden a la universidad, frente al 43% de hijos de familias autóctonas.

El informe señala que la situación administrativa de los padres no debe limitar el derecho a la educación y a la promoción social de sus hijos. Así, el FISI recomienda intensificar en la fase inicial del itinerario educativo el aprendizaje del idioma y la participación de los hijos de migrantes en el primer ciclo de Educación Infantil.

La escuela se configura no solo como un espacio de aprendizaje académico, sino también como un ámbito clave para la construcción de la convivencia intercultural y la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, con especial atención a aquellos de origen migrante. Del documento se desprende que la integración no se produce de forma automática: requiere recursos, políticas estructurales y el reconocimiento activo de la diversidad como valor.