Este movimiento cobra fuerza tras la reciente sesión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), en la que la Comisión Europea confirmó que el modelo mutualista español no vulnera el Derecho de la Unión Europea. Según el dictamen provisional, las mutualidades cumplen con las directivas comunitarias sobre igualdad de trato y no presentan indicios de discriminación normativa por parte del modelo mutualista español.

A pesar de este respaldo europeo, la proposición de ley impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista plantea eliminar la posibilidad de optar por una mutualidad para los nuevos colegiados a partir de 2027. La norma, actualmente en tramitación parlamentaria, propone una “pasarela” al RETA para quienes ya están en el sistema mutualista, pero ha generado una fuerte controversia entre los profesionales afectados.

Desde la plataforma Mutualistas por el Futuro, que lidera la recogida de firmas, se defiende que esta reforma “no puede abordarse sin escuchar a quienes hoy están dentro del modelo y confían en él”. Reclaman una reforma dialogada, que respete los derechos adquiridos y mantenga la pluralidad de modelos.

La alternatividad es un régimen legal reconocido por la Seguridad Social, que permite a determinados profesionales colegiados optar entre cotizar al RETA o hacerlo a través de la mutualidad correspondiente a su colegio profesional. Su método financiero es la “capitalización” y su método de cálculo de la pensión es la “aportación definida” respaldada por los capitales acumulados.

Profesionales de sectores como la abogacía, medicina, arquitectura, economía, ingeniería, procuraduría, entre otros, han optado, legalmente, por canalizar sus aportaciones a través de mutualidades profesionales propias, construyendo así sus sistemas de previsión social y ahorros para su jubilación de forma autónoma, flexible y adaptada a sus necesidades. El asunto trasciende los límites de los colectivos profesionales afectados, ya que lo que se dirime finalmente es la defensa de la libertad de elección, la seguridad jurídica y la protección de los derechos adquiridos de miles de profesionales, por lo que se invita a toda la ciudadanía a impulsar la iniciativa.