Son datos de un estudio realizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) a partir de cifras de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio 2023 y que, a juicio de UPTA, confirman un “deterioro profundo y estructural” del trabajo por cuenta propia en España.

“La burbuja del emprendimiento ha estallado y está condenando a la precariedad y a la pobreza laboral a cientos de miles de autónomos, empujados al sistema sin un proyecto empresarial viable ni ingresos suficientes para vivir con dignidad”, alerta esta organización.

El análisis también pone de manifiesto una anomalía estructural: 460.980 autónomos no declaran ningún rendimiento, a pesar de cotizar en el sistema. En este grupo se concentran autónomos colaboradores, miembros de sociedades o personas que no desarrollan una actividad económica real.

En opinión de UPTA, una parte “significativa” de estas personas no debería estar integrada en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Además, piensa que es necesario articular fórmulas alternativas, como convenios especiales con la Seguridad Social, tal y como ya existe en otros colectivos.

Asimismo, UPTA denuncia que las políticas públicas basadas en “incentivos indiscriminados al autoempleo”, como la tarifa plana, han generado “expectativas infundadas” sobre el emprendimiento y han terminado empujando al sistema RETA a “personas sin estructura empresarial, sin un mercado definido y sin capacidad real de generar ingresos suficientes”.

Aclara que dentro del colectivo con bajos rendimientos, conviven situaciones muy distintas y que una parte de los autónomos se encuentra en circunstancias específicas y extraordinarias que explican temporalmente su bajo nivel de ingresos.

En los tramos de menor rendimiento se concentran, por tanto, perfiles diversos que responden a dinámicas muy distintas, como autónomos acogidos a la tarifa plana en fases iniciales de actividad, personas en situación de pluriactividad, autónomos próximos a la jubilación que permanecen dados de alta para completar sus carreras de cotización, así como miembros de sociedades que no declaran rendimientos o lo hacen en niveles mínimos.

Como consecuencia de esta situación, UPTA estima que cerca de 500.000 autónomos no deberían estar actualmente integrados en el RETA y que sería necesario reubicar a estas personas en el mercado laboral, “garantizándoles un salario y unas condiciones de vida dignas, en lugar de mantenerlas atrapadas en un sistema que no les permite salir de la precariedad”.

Dicho esto, UPTA precisa que “el emprendimiento no es el problema”, ya que las actividades que funcionan son capaces de generar empleo y aportar riqueza. Pero matiza que estas son las que “nacen de una iniciativa propia real, están bien diseñadas desde el origen y cumplen con unos estándares mínimos exigibles que permiten emprender con garantías razonables de éxito”.

“No podemos permitir que en España más de medio millón de autónomos estén condenados a la pobreza. Ninguna persona debería trabajar para ingresar menos de lo imprescindible para vivir. El RETA no puede seguir funcionando como un cajón de sastre donde cabe todo. Hay personas cotizando sin ingresos y otras atrapadas en actividades que nunca debieron ponerse en marcha”, resuelve el presidente de UPTA, Eduardo Abad.