Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (Ephpm 2024), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hondureño con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y el Centro Conjunto de Datos sobre Desplazamiento Forzado del Banco Mundial.

El estudio, difundido por Acnur este lunes, revela que una proporción significativa de esta población -cerca del 38,5%- sufrió una doble afectación, al verse obligada a desplazarse tanto por violencia como por desastres naturales. Este es el primer estudio en Honduras que analiza el desplazamiento forzado desde una perspectiva de ciclo de vida.

Además, los datos muestran un mayor impacto entre las mujeres, quienes representan el 55% de la población desplazada. Aunque el fenómeno atraviesa todas las edades, las personas entre 15 y 34 años concentran alrededor del 38% de todos los casos, lo que evidencia una exposición particularmente alta a riesgos y amenazas en la etapa en la que están desarrollando su proyecto de vida.

La infancia tampoco queda al margen. El 11% del total de personas afectadas por desplazamiento corresponde a niños y adolescentes menores de 14 años, cifra que confirma su elevada vulnerabilidad. Algunos niños se ven directamente expuestos a riesgos como el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales; otros se desplazan como consecuencia de amenazas contra sus familias o personas cuidadoras.

El análisis también constata que el desplazamiento se concentra principalmente en zonas urbanas, especialmente en el Distrito Central y San Pedro Sula, las áreas con mayores niveles de violencia e inseguridad de Honduras.

La recolección de datos se realizó entre junio y agosto de 2024, a partir de una muestra representativa de 6.487 hogares y 24.534 personas en el Distrito Central, San Pedro Sula y otras zonas urbanas y rurales del país.

El director ejecutivo del INE de Honduras, Rony Pacheco, dijo que al medir el desplazamiento interno, se pone “nombre y rostro a una realidad persistente” y se convierten los datos en una “herramienta clave para que el Estado diseñe políticas públicas que protejan y devuelvan la dignidad a miles de familias hondureñas”.

La ministra de Derechos Humanos de Honduras, Leda García, reconoció la importancia de estos resultados como una herramienta clave para fortalecer la respuesta del Estado frente al desplazamiento interno por violencia y reafirmó el compromiso de acompañar y dar seguimiento a estos procesos.

El informe también evidencia que las personas desplazadas enfrentan niveles ligeramente más altos de inseguridad, pobreza extrema e inseguridad alimentaria, además de un mayor riesgo de perder su vivienda, tierras o propiedades, en comparación con la población que no ha sufrido desplazamiento.

La representante de Acnur en Honduras, Kathryn Lo, aseguró que el país avanza de “manera progresiva en la búsqueda de soluciones y brindar respuestas a las personas desplazadas internamente”. La inclusión de indicadores que miden el desplazamiento interno en esta encuesta que se repite de manera periódica es un “avance importante para comprender mejor la magnitud y la evolución de la problemática para orientar las decisiones” políticas.