Así consta en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Servimedia, en la que el Gobierno contestó a Vox sobre el número de personas que han cometido delitos cibernéticos relacionados con la infancia y en la que solicitaba su desglose según los autores fuesen españoles, inmigrantes o de origen extranjero. Algo que justificaba tras conocerse la detención en Tenerife de un inmigrante por distribuir material de abuso sexual infantil en la 'Dark Web'.

Tal y como respondió el Ejecutivo, del total de delitos cibernéticos de este tipo en estos últimos siete años, 4.767 fueron cometidos por ciudadanos españoles y 707 por extranjeros. Y se refería, en concreto, a aquellos hechos relacionados con corrupción de menores, delitos de contacto mediante tecnología telemática con menores de 16 años con fines sexuales, exhibicionismo ante menores, provocación sexual entre menores, pornografía de menores y distribución o difusión pública a través de tecnologías de la información, así como los destinados a la promoción de delitos contra la prostitución y libertad sexual de menores.

El Gobierno ofreció los datos disponibles en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), los cuales mostraban que, entre dichos años, 2019 es en el que más delitos de este tipo se registraron con 837, de los que 741 implicaban a ciudadanos españoles y 96 a extranjeros. Tras este, en 2018 fueron un total de 824, con 730 cometidos por españoles y 94 por extranjeros.

Hasta 2022, los delitos se mantuvieron por debajo de los 700, mayoritariamente cometidos por ciudadanos españoles, mientras que en 2023 ascendieron hasta los 739, dividiéndose entre 641 que implicaban a españoles y 98 a extranjeros. En 2024 bajaron hasta los 718, de los que 104 fueron cometidos por ciudadanos extranjeros, la cifra más alta de toda la serie analizada.

Por último, en los primeros seis meses de este año la cifra asciende a 418: 366 relacionados con españoles y 52 con personas de otras nacionalidades.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN

En su pregunta, Vox también requirió al Gobierno información sobre las medidas que está impulsando para "asegurar la protección de los menores frente a la distribución de materiales pedófilos en Internet" y si tiene en mente "endurecer la legislación penal" en este sentido.

Ante esto, el Ejecutivo aseguró que desde el Ministerio del Interior "se realizan múltiples acciones para tratar de asegurar la protección", desglosando, entre otras, la ejecución de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, la revisión y actualización del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad del Ministerio del Interior, la ejecución del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, la implementación de capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir esos fenómenos delictivos o la Red 'Inhope' como canal de comunicación para las notificaciones de contenido relacionado con el abuso infantil.

Mientras, en lo que se refiere al endurecimiento de la legislación penal, el Gobierno recordó a Vox que es algo que "depende de las Cortes Generales". Eso sí, añadía que entre los fines que persigue el proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales "se encuentra garantizar el respeto y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital".

Sin embargo, señaló que se está llevando a cabo "una reforma del Código Penal con el fin de adaptar la normativa vigente a los avances tecnológicos". Y cito, por ejemplo, que el citado proyecto de Ley Orgánica incorpora "medidas relacionadas con el acceso de las personas menores de edad a los entornos digitales en el uso de las nuevas tecnologías".

Entre ellas, hizo hincapié en dos: un nuevo artículo sobre el problema de las "ultrafalsificaciones", de forma que "constituye un tipo delictivo la difusión, exhibición o cesión de imágenes o audios que se generen, modifiquen o recreen utilizando herramientas tecnológicas y simulen situaciones de contenido sexual o vejatorias". Y "en aras de proteger de forma eficaz la libertad sexual de las personas menores de edad", la modificación del artículo 186 del Código Penal, incluyendo "supuestos en los que no es punible exclusivamente la difusión, exhibición o venta directa de material pornográfico o de violencia sexual entre personas menores de edad, sino que constituye una acción punible que el referido material se ponga a disposición de una colectividad indiscriminada de personas usuarias, entre las que va a existir una amplia representación de personas menores de edad".