“Queremos los mismos derechos, pero también queremos las mismas obligaciones”, declararon Ximena Zambrana y Lamine Sarr, portavoces de la campaña Esenciales, que este martes presentó frente al Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para sacar adelante dicha regularización.

Hasta la fecha, casi 71.000 personas y más de 600 ONG han mostrado su apoyo a la ILP, que necesita 500.000 firmas para ser debatida en el Congreso.

Su presentación tuvo lugar sobre una reproducción del estrado del hemiciclo colocado frente al mismo Congreso, donde Ximena y Lamine explicaron sus motivaciones.

Según Ximena, se estima que entre 470.000 y 514.000 personas viven de forma irregular en España actualmente. Debido a ello, “tenemos muchas dificultades para alquilar una casa, nos pueden detener por la calle, nuestros hijos no pueden ir ni a los colegios ni al médico…”. "Nos resulta muy difícil hacer las cosas normales que hace todos los días” el resto de la ciudadanía, subrayó. “Somos tus vecinos, tus amigas, las que cuidan a tus padres y abuelos, las madres y padres de los compañeros que juegan con tus hijos”, que “solo queremos los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades”.

Lamine Sarr indicó que cada persona regularizada aporta unos 3.500 euros por recaudación fiscal al Estado, y destacó que las regularizaciones extraordinarias de migrantes son “normales” y que “se han llevado a cabo en Europa de forma habitual”. De hecho, Italia y Portugal recurrieron a ellas en 2020 “en lo peor de la pandemia”, cosa que España no hizo.

Sarr indicó que desde los años 90, “España ya ha llevado a cabo nueve regularizaciones”, cinco veces por gobiernos del PP y cuatro por ejecutivos del PSOE. “Durante el confinamiento, la población pudo ver lo esenciales que somos”, argumentó. “Las trabajadoras del servicio doméstico fueron el colectivo que más se contagió por detrás de los sanitarios”, y subrayó que “los temporeros en el campo, ni siquiera pudieron parar”. “Ahora no queremos más derechos que los demás, solo queremos una vida digna, sin miedo”.

“Esta es una campaña única, que significa mucho para el medio millón de personas que están en España sin documentos”, concluyó Sarr.