Según explicaron, ambas residen ambas en un piso propiedad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid en el municipio de Alcobendas.

La carta la dirigen, además de a Dancausa, al director gerente de la Agencia de la Vivienda Social, Manuel Ángel Fernández Mateo; y a la directora general de Igualdad, Patricia Reyes.

En la misiva se expone que se trata de una mujer que previamente ha agotado todos los recursos disponibles a su alcance a través de los servicios sociales de Alcobendas y de la Comunidad de Madrid, y cuya situación de necesidad ha sido debidamente acreditada. Esta mujer dispone de un empleo, pero no reúne más de 200 euros mensuales, por lo que ha solicitado un alquiler social sin que hasta la fecha haya recibido respuesta.

“Es absolutamente intolerable que las mismas autoridades que se juntan para hacer un minuto de silencio después de cada asesinato machista permitan que se desahucie a una mujer de 20 años con una niña de tres de una casa de la Agencia Social de la Vivienda sin alternativas siendo una víctima de violencia de género y pesando una orden de alejamiento sobre su maltratador", denuncian.

"Esta joven cuenta con un trabajo muy precario y por eso ha tratado en vano de acceder a un alquiler social sin que la Comunidad la haya contestado si quiera”, explicó el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, uno de los firmantes de la carta. A su juicio, “la falta de políticas de vivienda, de políticas sociales y de políticas de protección de la mujer son las que dejan a mujeres como ésta directamente a los pies de los caballos”.

La legislación vigente, indicó, concretamente el artículo segundo del Real Decreto Ley 21/2021 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente la covid-19, establece la posibilidad de instar un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad que imposibilite encontrar una alternativa habitacional en el caso de “familias en situación de vulnerabilidad con niños, personas en situación de dependencia y víctimas de violencia machista que residan en viviendas de grandes propietarios, aunque no tengan título habilitante para ello".

Por todo ello, desde Más Madrid se han puesto en contacto con el Gobierno regional, del que depende la Agencia Social de la Vivienda, para que se tomen las medidas oportunas ante el juzgado de instrucción número 3 de Alcobendas para paralizar el desahucio inminente y negociar con la inquilina un alquiler social que pueda pagar mensualmente.