Así lo demandó en un comunicado en el que, a través del Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud y del Grupo de Abordaje al Tabaquismo, se posicionó de manera “favorable” ante la inclusión de medidas para “encarecer” el precio del tabaco mediante una subida de impuestos, así como de prohibir fumar y vapear en determinados espacios comunitarios y sociales al aire libre y en espacios privados en presencia de menores en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 que este jueves se debate en la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.

“Estas medidas, dirigidas a combatir el consumo de tabaco y sus derivados, así como a proteger la salud de la población, son un paso significativo en la lucha contra una problemática de salud pública de gran magnitud”, advirtió, convencida de que será necesario establecer mecanismos para “complementarla” con aquellos que permitan alcanzar los objetivos marcados por la Organización Mundial de la Salud en cesación tabáquica.

Para la Semfyc, en España el aumento de precios y la activación de medidas complementarias se han traducido en “un claro descenso en el consumo de tabaco” y calculó que “encareciendo el precio del tabaco, se conseguiría una reducción del hábito de fumar de entre un 10 y un 15%”.

En este punto, subrayó que, en España, el precio del tabaco es “uno de los más económicos en comparación con otros países de la Unión Europea”, dado que el coste medio de una cajetilla de cigarrillos es de 4,60 euros, mientras que en Irlanda, por ejemplo, llega hasta los 12,81 euros.

EQUIPARAR PRECIOS

Por este motivo, abogó por “equiparar” dicho precio medio “al de países vecinos como Francia, donde recientemente se fijó en alrededor de 12 euros por cajetilla” y llamó a la “colaboración” de “todos los ministerios pertinentes” para lograr esta “equiparación” de precios para situar a España “al nivel de compromiso europeo en la lucha contra el tabaquismo”, teniendo en cuenta, además, que “en la mayoría de los países europeos” los impuestos sobre el tabaco “representan entre el 80% y el 90% del precio final”, mientras que en España este porcentaje “se sitúa en el 51%”.

Junto a ello, apostó por “igualar” los productos derivados del tabaco, como los vapeadores o el tabaco calentado, con el tabaco tradicional en términos de tributación y regulación de espacios; la ampliación de las áreas exteriores libres de humo, “considerando” las “posibles restricciones” al consumo en terrazas de establecimientos; la implementación del empaquetado estándar y la prohibición de fumar en vehículos privados.

En este sentido, pidió “ir más allá” de la modificación del Real Decreto del 16 de enero, que regula la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y relacionados, así como la prohibición de que contengan aromas.

“Esta modificación implicó conseguir una equiparación del tabaco calentado con el cigarrillo tradicional, pero, además de llegar tarde, la medida se queda corta y es necesario que se aplique también a los cigarrillos electrónicos y desechables”, sentenció, al tiempo que insistió en la necesidad de “avanzar hacia la equiparación integral de todas las formas de consumo”, lo que, a su juicio, “implica aumentar impuestos, estandarizar diseños y aromas, incluir advertencias sanitarias, prohibir su consumo en lugares de ocio y su publicidad en Internet”.