Según informó este martes la Cámara Alta, las enmiendas no pueden admitirse, ya que los beneficios fiscales solo pueden dotarse a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), una materia específicamente reservada a esta normativa.

El órgano rector de la sede parlamentaria argumentó que la creación de un beneficio fiscal debe llevar aparejada su consignación presupuestaria, competencia exclusiva de la Ley de PGE según establece el artículo 134.2 de la Constitución.

La admisión de estas enmiendas supondría una inconstitucionalidad material, ya que los beneficios fiscales solo pueden dotarse a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que la Mesa del Senado ha decidido no tramitarlas.

PERJUICIO A LOS BENEFICIARIOS

"La falta de presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado está llevando a una situación de perjuicio real y efectivo en aquellos colectivos que serían beneficiarios de estas disposiciones", explicó el presidente durante la reunión de la Mesa.

Añadió que "no puede hacerse es dejar la pelota en el tejado del Senado" para que este tenga que saltarse sus procedimientos y los informes jurídicos de la Secretaría General para admitir estas enmiendas.

Subrayó que "sólo el Gobierno, como titular exclusivo de la iniciativa legislativa en materia presupuestaria, puede formular las iniciativas y las normas que lleven a la creación de estos beneficios fiscales".

DOBLE CONTENIDO INCONGRUENTE

La Mesa rechazó también las enmiendas por incongruentes, ya que su admisión convertiría la ley en una normativa de doble contenido: reguladora del contrato de seguro automovilístico y de creación de beneficios fiscales no relacionados.

A pesar de que en el Congreso se incluyeron enmiendas incongruentes contra el criterio del letrado, las propuestas en el Senado no mantienen una mínima relación de congruencia con el objeto de la iniciativa.

Las enmiendas presentadas carecen de la necesaria conexión material con la normativa que se pretende modificar, según argumentó el órgano rector de la Cámara Alta en su decisión. La institución parlamentaria recordó que es el Gobierno quien tiene la iniciativa y los instrumentos de la política presupuestaria, por lo que debe ser este quien formule las normas sobre beneficios fiscales. Los servicios jurídicos del Senado avalaron el rechazo a la tramitación de las enmiendas por considerar que vulneran tanto aspectos formales como materiales de la Constitución.