Muga está ubicado a unos 50 kilómetros de Pamplona, dentro de los términos municipales de Undués de Lerda (Aragón) y Sangüesa (Navarra). El propósito de la mina es producir mineral para fertilizantes pero en los últimos años se ha visto afectado por paralizaciones judiciales y problemas burocráticos.

Tras la decisión de China Minmetals de no seguir adelante con la inversión estratégica de 270 millones de euros en este proyecto, Geoalcali manifestó en un comunicado que la decisión del grupo chino “no cambia la determinación” de culminar el proyecto y reafirmó su compromiso de “seguir trabajando para sacar adelante Mina Muga”.

La compañía aseguró que, tras más de “14 años de trámites y una inversión ya superior a 150 millones”, Muga se perfila como un “motor de desarrollo sostenible capaz de generar hasta 7.000 empleos directos e indirectos”, además de actuar como herramienta clave contra la despoblación en la zona.

Subrayó también que el proyecto de extracción de potasa tiene hoy un “valor estratégico”, al tratarse de un recurso esencial para la soberanía alimentaria de España y Europa, en un contexto en el que la UE continúa dependiendo en gran medida de Rusia y Bielorrusia.

Geoalcali expresó su “agradecimiento al Gobierno de Navarra por el apoyo continuado al Proyecto Muga” y recordó que este apoyo “ha estado presente en distintas etapas legislativas con diferentes administraciones desde los inicios del proyecto”.

El comunicado de la empresa llega después del respaldo expresado por el Ejecutivo foral, en un gesto de sintonía entre ambas partes. El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, aseguró en una rueda de prensa que la retirada del inversor chino “no implica el fin del proyecto” y confirmó que Geoalcali está “rehaciendo su estrategia y trabajando en otros posibles inversores”. Incluso subrayó que el Ejecutivo foral “apoyará y ayudará en todo lo que esté en su mano”.

El proyecto de la Mina Muga continúa paralizado en los tribunales después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) anulara el permiso otorgado por el gobierno navarro por un “defecto formal de procedimiento” al considerar que debería haberse tramitado como una única autorización firmada por el Estado español, en lugar de tres permisos coordinados por cada administración autonómica junto con el Gobierno central.

Esta sentencia está actualmente recurrida por las tres administraciones incluyendo Gobierno de España, el Gobierno de Navarra, el Gobierno de Aragón, así como la propia empresa, lo que significa que se trata de un asunto abierto a debate jurídico.

En este sentido, la compañía destacó “la importancia de mantener el respaldo institucional y político” de todas las formaciones para sacar adelante el proyecto dada su “complejidad” y recordó que corresponde ahora al Gobierno central aportar una “solución administrativa” que permita dar continuidad al proyecto y que por el momento no se ha materializado.

Fuentes de la compañía resaltaron la necesidad de establecer “marcos de apoyo sólidos”, al entender que son “indispensables para atraer y retener” inversores de gran envergadura para proyectos como Mina Muga, de gran trascendencia para el bien común de España y Europa. En esta misma línea se pronunció el consejero Arasti cuando apuntó que "los tiempos de los intereses económicos o empresariales no van igual que los judiciales”.