"El ministro fundamenta la decisión por razones de interés general distintos de la defensa de la competencia, relacionados con el potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social", dice el comunicado.

Tras haber sido informadas las partes, el Gobierno dispone ahora de 30 días naturales para hacer un análisis atendiendo a esos criterios de interés general.

El ministro, Carlos Cuerpo, explicó este martes que se ha contado con informes de los Ministerios con competencias económicas y “cinco de ellos han pedido esa elevación”, una recomendación que también hacia el propio análisis de Economía.

“Este análisis interno lo que señala es que tenemos que profundizar la visión, el análisis, el seguimiento del potencial impacto de esta operación en elementos tan importantes y tan vitales para nuestra economía como pueda ser la protección del empleo, la inclusión financiera o, también, la cohesión territorial”, detalló el ministro en declaraciones a los medios en el Senado.

Cuerpo aclaro que la elevación “no prejuzga la decisión que vaya a tomar en su momento el Consejo de Ministros”, que ahora tiene 30 días naturales para decidir, basándose en los análisis presentados y en otros más profundos que se elaborarán en estas semanas.

“No se trata de endurecer o de ablandar las condiciones, sino, simplemente, de considerar si hay razones de interés general distintas de las de competencia (…) que justifiquen la imposición de condiciones o de restricciones adicionales”, resaltó el titular de Economía.

El Gobierno podrá confirmar la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o añadir condiciones, siendo más probable esta última opción dada la inquietud del Gobierno y la exigencia de sus socios para que frene la opa.

Con el paso por el Consejo de Ministros, se alarga el momento en el que se abra el plazo de aceptación para que los accionistas de Sabadell se posicionen, lo que podría darse en pleno verano e incluso después. BBVA viene defendiendo que sean los accionistas los que decidan y Sabadell ha puesto el foco también en ellos en los últimos días al asegurar que la opa "no tiene precio ni dividendo". El Sabadell está pendiente de fijar fecha para presentar su nuevo plan estratégico y lo quiere hacer lo más cerca posible del plazo de aceptación.

A pesar de que la CNMC autorizó la opa con compromisos y por unanimidad de sus consejeros, el Gobierno abrió un proceso de consulta pública no vinculante, que concluyó el pasado 23 de mayo, para recabar opiniones sobre si la operación afecta a criterios de interés general.

El ministro repitió en varias ocasiones que la consulta pública no debía entenderse como un referéndum ni como una decisión de “sí o no” a la opa.

Este proceso de consulta sirvió como una puerta a la participación de los ciudadanos, asociaciones y organizaciones, después de sus quejas por no ser escuchados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante el procedimiento y que están en contra de la operación.

El Banco Sabadell fue uno de los participantes, mientras BBVA no lo hizo por considerar que es parte del proceso y ya canalizó su postura.

En sus declaraciones de este martes, Cuerpo apuntó que la consulta pública había sido “útil” para Economía, ya que les ha permitido estudiar “en términos cualitativos”, cuál era “ese pulso por parte de la sociedad civil”.

“Ha habido una buena respuesta a la consulta pública, y, en este caso, esa valoración cualitativa lo que apunta es hacia la existencia de razones de interés general que puedan verse afectadas por la operación”, agregó Cuerpo, que volvió a insistir en que ni la consulta ni los análisis de los ministerios resultan vinculantes.