En el caso de los ERE la Audiencia de Sevilla investigó la malversación de 680 millones de euros por parte de miembros del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía la década de los 2000 y condenó finalmente a 19 altos cargos de la administración por malversación y delitos continuados de prevaricación, aunque solo nueve de ellos fueron sentenciados a penas de prisión.

La División de Derechos de Gracia y otros derechos del Ministerio de Justicia solicitó un informe a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre las peticiones de indulto por parte de los nueve condenados.

En los nueve informes separados que compartió este lunes el Ministerio, se solicita que se revise el histórico penal de los condenados así como informes de conducta. Además, se solicita escuchar la opinión del "perjudicado si lo hubiere" para conocer "su acuerdo o desacuerdo con la concesión del indulto". Por último, exige que se remita el expediente al Ministerio Fiscal para que emita otro informe.

La ministra en funciones, Pilar Llop, confirmó este lunes que los indultos al que fuera presidente de la Junta José Antonio Griñán y los otros ocho condenados están en proceso, aunque advirtió de que un Gobierno en funciones como el actual no puede concederlo.

Asimismo, explicó que la petición de estos informes se ha realizado "a fin de llevar a cabo la tramitación oportuna" de las solicitudes de perdón y recordó que estas peticiones están siguiendo el mismo curso que el resto de demandas.

PENAS DE CÁRCEL

La Audiencia de Sevilla condenó en 2009 por malversación a penas de cárcel de entre 6 y 8 años a nueve ex altos cargos, que son los que actualmente piden la medida de gracia. En este grupo están el expresidente José Antonio Griñán y los exconsejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo; los exviceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, y el exdirector general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

De los nueve, todos cumplen ya sus penas menos José Antonio Griñán, quien de momento permanece en libertad debido a un cáncer de próstata que requiere tratamiento hospitalario.

Por otro lado, la justicia andaluza decidió condenar a otros 9 exdirigentes por un delito continuado de prevaricación a penas de inhabilitación, entre ellos el expresidente de la Junta Manuel Chaves, que fue condenado a nueve años de inhabilitación especial, la misma pena que se impuso al exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y a la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, entre otros.