Este texto se encuentra en fase de negociación en el seno del Gobierno y los principales cambios fueron presentados por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego . Recoge una recomendación del Defensor del Pueblo y una petición reiterada de las asociaciones de víctimas.

Fuentes del ministerio afirmaron que esta ampliación “tendría como objetivo proponer medidas concretas para la reparación y no repetición de los daños ocasionados a los niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual, como abusos sexuales, por parte de instituciones públicas y privadas”.

La propuesta estará trabajada previamente con un Grupo de Expertas compuesto por especialistas “de reconocido prestigio” en ámbitos como la judicatura, la psicología, la sociología, la pediatría o el trabajo social y recoge el derecho al reconocimiento de las víctimas de violencia sexual contra la infancia. En particular, se subrayaron “los casos en los que la violencia se cometió de forma generalizada en el seno de instituciones públicas o privadas. Del mismo modo, se reconoce el derecho de las personas menores de edad a la reparación y garantía de no repetición ante cualquier tipo de violencia reconocida en la ley”.

De este modo, el ministerio quiere que los niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de violencia sexual tengan la condición jurídica de víctima, recogida en el Estatuto de la víctima del delito, “con el propósito de reconocer y reparar el daño causado y procurar la asistencia individual y colectiva necesaria. Además, el texto también establece el propósito de construir una memoria colectiva que incorpore la voz de las víctimas garantizando el cumplimiento de los principios de verdad, justicia y no repetición”.

Asimismo, en el articulado, la propuesta de reforma de la Lopivi recoge expresamente “el derecho a la reparación y garantía de no repetición para las personas menores de edad que hayan sufrido cualquiera de las manifestaciones de violencia prevista en la ley”.