Así lo anunció este viernes la secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, durante su intervención en el acto central por el Día Mundial de las Personas Consumidoras, celebrado en el Colegio de Arquitectos de Madrid con la presencia del director general de Consumo, Daniel Arribas, y representantes de empresas y asociaciones de consumidores.

En el transcurso de su alocución, Medialdea aseveró que en el gabinete de Bustinduy están “especialmente contentos y orgullosos” porque la futura ley le “permite consolidar” una “posición de liderazgo” en Europa en lo que respecta a consumo sostenible que, dijo, “viene de la legislatura anterior”, cuando, entre otras cuestiones, España se convirtió “en vanguardia en reparabilidad en la UE”.

“Somos ya pioneros en cuanto a consumo sostenible en Europa y la intención es que vamos a seguir empujando en Europa siendo pioneros en estos temas”, abundó, para defender que ahora se trata de “dar un paso más y de mayor calado” con la aprobación de esta nueva ley que será la “primera” en España centrada “exclusivamente” en “fomentar” el consumo sostenible, “tanto desde el punto de vista de las propias personas consumidoras como desde la producción”.

Tras defender que en España “somos cada vez más ambiciosos” en este ámbito, entre los “propósitos” que la nueva norma cumplirá destacó el de “luchar firmemente” contra el “ecoblanqueo” o “greenwashing”, esto es, contra aquellas técnicas de comunicación “engañosas” o alegaciones medioambientales que, advirtió, “no tienen respaldo científico” y que son “usadas” por “algunas” empresas para “publicitar sus marcas como sostenibles cuando en realidad no lo son”.

PROTEGER A LAS EMPRESAS QUE SÍ CUMPLEN

A este respecto, el objetivo de la ley es, a su juicio, “proteger a aquellas empresas que sí cumplen con los estándares de sostenibilidad y que sufren la competencia desleal de las que no lo hacen”.

Entre los “principales ámbitos” en los que, a su entender, “va a actuar esta ley”, explicó que la norma estipulará que las declaraciones medioambientales que se hagan de productos “se analicen caso por caso” para “impedir” la exhibición de distintivos que “ofrezcan la impresión de que un producto tiene un impacto positivo en el medio ambiente, o de que no lo tiene negativo”.

En paralelo, propone el desarrollo de un “índice de reparabilidad” que permita al consumidor “comparar” las características de circularidad de productos en su propio etiquetado, ofreciendo “transparencia e información para la toma de decisiones de las personas consumidoras, además de un incentivo a las compañías”.

Asimismo se incluye el derecho a reparar como “principio básico”, facilitando que, “siempre que sea posible, se pueda optar por reparar un producto cuando se estropee durante su garantía e incluso posteriormente”.

En la misma línea, entre sus fines también está el de “asegurar” que la reparación de los productos “aumente” la garantía de los mismos cuando se elija esta opción, “en lugar del reemplazo por otro nuevo”. Aquí, el objetivo será “fomentar los derechos de las personas consumidoras y, al mismo tiempo, evitar que los productos sean desechados de forma prematura para reducir, así, la generación de emisiones de gases de efectos invernadero y la demanda de recursos valiosos”, según Medialdea.

RESPONSABILIDAD COLECTIVA

"Al igual que pasa en la alimentación saludable o el juego seguro, lo que es propicio es un enfoque que enfatice las responsabilidades colectivas. Son las instituciones, las políticas públicas y las empresas las que tenemos la responsabilidad de generar contextos en los que las personas tomen las mejores decisiones en función de sus derechos y deberes”, abundó.

Para Medialdea, está “claro” que la sociedad “entiende sobradamente la gravedad de la crisis ecosocial” que vive actualmente Europa y constató que la ciudadanía “está dispuesta a hacer esfuerzos para avanzar en esta situación”, teniendo en cuenta, además, que nueve de cada diez europeos “consideramos un problema grave el cambio climático y dos tercios, que los gobiernos no estamos haciendo lo suficiente para solucionar este problema”.

“Los datos están diciendo que la ciudadanía en estos temas ya está haciendo su trabajo o, como mínimo, está dispuesta a hacerlo y falta que las instituciones públicas, gobiernos y empresas estén a la altura de este mandato”, resolvió.

GUÍA DE COMUNICACIÓN SOSTENIBLE

El departamento de Pablo Bustinduy aprovechó el acto para presentar una ‘Guía de Comunicación Sostenible’ dirigida a empresas y que lleva por título ‘Cómo incluir información medioambiental en tus estrategias y campañas’.

A lo largo de sus más de 60 páginas, ofrece información sobre cómo “identificar” el ‘greenwashing’ y la legislación que rige al respecto. En este sentido, en el documento se recuerda que, si una empresa presenta alegaciones medioambientales “no verificables” sobre un producto, esta acción podría ser considerada una “práctica desleal” que “infringe” el artículo 47.1.m del Real Decreto Legislativo 1/2007 y “acarrear sanciones" de hasta 100.000 euros, que podrían “sobrepasar” esas cantidades hasta “alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la práctica desleal”, según el gabinete de Bustinduy.

Junto a ello, la publicación informa de “próximos cambios” legislativos que se llevarán a cabo impulsados tanto desde el Gobierno de España como desde Bruselas y recuerda que el Parlamento y el Consejo Europeo están trabajando en una propuesta que modifica las directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE en lo que respecta al “empoderamiento” de los consumidores para la transición ecológica y en una propuesta de Directiva relativa a la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas o ‘Green Claims’.

En cuanto a los datos “relevantes” que refleja esta ‘Guía de Comunicación Sostenible’, Medialdea subrayó que, según un estudio de la Comisión Europea, el 80% de las páginas webs, tiendas 'online' o anuncios “llevan alegación medioambiental” y que estos certificados “influyen positivamente en las compras del 72% de los españoles”, tal y como señala una investigación del Observatorio de Producción Local y Consumo Sostenible.

Por su parte, en base a un informe de la Red de Cooperación para la Protección al Consumidor, resaltó que el 42% de las alegaciones medioambientales son “dudosas” y el 57,5% “no dan información suficiente para ser verificadas”.

En este contexto, Medialdea defendió el “gran impacto positivo” que la Ley de Consumo Sostenible “tendrá a nivel ambiental, social y económico”, convencida de que va a “favorecer la transición verde y un entorno de confianza para consumir”.

“Premiará al tejido empresarial comprometido con estos avances y con los esfuerzos de mejora continua de sus procesos y productos”, advirtió, para adelantar que el Ministerio de Pablo Bustinduy, “va a legislar para que el acceso a los productos sostenibles no dependa de los ingresos que tenga una persona”, al entender que se trata de un “derecho fundamental” y, como tal, será “garantizado” gracias a la Ley de Consumo Sostenible.

Tras la presentación de la guía tuvo lugar una mesa redonda en la que, además de Bibiana Medialdea, participaron la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago Alba Nogueira; Aurelio del Pino, representante de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE; la representante de CECU Paz Serra y Daniel Arribas.