España respondió así a la interpelación de la senadora del PP Melania Mur Sangrá, que cuestionó la metodología con la que se decidió si las empresas eran viables, con alusiones a Plus Ultra y Tubos Reunidos.

“El Gobierno ha elevado la opacidad a categoría de método de trabajo", dijo la senadora, que reprochó al ministro que la comisión de investigación sobre la gestión de la SEPI "ha tenido que solicitar formalmente una y otra vez documentación" a esa Sociedad y al Fasee, "que debería estar disponible desde el primer momento”.

España defendió que el fondo “representa un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden ser eficaces en lo económico, responsables en lo financiero y sólidas en lo institucional” y lo calificó como “un instrumento necesario, bien diseñado y correctamente ejecutado”.

El ministro recordó que el fondo surgió en un contexto de ‘shock’ por la pandemia y nació “como un instrumento extraordinario temporal y plenamente alineado con el marco temporal de ayudas de Estado aprobado por la Comisión Europea”.

“Su finalidad era clara: apoyar a empresas no financieras que cumplieran tres condiciones esenciales. Primero, haber sido viables antes de la pandemia. Segundo, haber sufrido un impacto grave derivado del coronavirus. Tercero, tener un carácter estratégico para el tejido económico y el empleo”, añadió.

Las empresas beneficiarias debían presentar “planes de viabilidad rigurosos que garantizaran la recuperación y la devolución de los apoyos recibidos”, siempre en forma de préstamos.

El fondo aprobó 30 operaciones y apoyó a empresas que daban empleo a más de 62.000 personas, con una facturación superior a los 20.000 millones de euros. En total, se movilizaron 3.255 millones de euros en ayudas aprobadas y se formalizaron 2.681 millones de euros, según los datos compartidos por el ministro.

Hasta la fecha, el fondo ha recuperado 1.754 millones de euros, lo que supone el 65% del total de la financiación pública entre amortizaciones o devoluciones anticipadas. Además, los intereses cobrados por los préstamos superan los 340 millones de euros.

El ministro de Hacienda también garantizó que los expedientes administrativos de estas empresas se sometían a un análisis económico y jurídico realizado por los equipos técnicos especializados de la SEPI, “que cuenta con grandísimos profesionales”.

Asimismo, incidió en que el fondo cuenta con la fiscalización del Tribunal de Cuentas, que concluyó que los expedientes cumplen los requisitos, que el procedimiento fue adecuado y que se actuó de acuerdo a la normativa. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) también audita de forma anual el fondo y ha emitido una “opinión favorable en todos los ejercicios analizados”.

Por otro lado, ha estado sometido al control de las instituciones europeas. En este sentido, la Comisión Europea no solo autorizó el fondo, sino que ha estado informada de todas las operaciones. España añadió que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló el régimen de ayudas en una sentencia de junio del 2024.

“Evitó la destrucción de empresas estratégicas, protegió decenas de miles de empleos, aseguró la continuidad de sectores claves y lo hizo garantizando el correcto uso de los recursos públicos. Además, con un nivel de control que ha sido avalado por las instituciones nacionales y europeas”, zanjó España.