Así lo denunció este miércoles la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a través de un comunicado en el que precisó que las viviendas sin “apenas” aislamiento, con etiqueta energética E, estarían pagando 1.000 euros más al año en climatización y que, en las antiguas, es “recomendable” mejorar el aislamiento en caso de problemas de humedades en las paredes, condensaciones en las ventanas o de contar con etiqueta energética D o E, “especialmente si están ubicadas en una zona climática fría”.

Con el fin de conocer los costes en aislamiento, la OCU pidió varios presupuestos para un piso de 90 m2 en la zona climática D, la segunda más fría, incluyendo instalación, acabados, pintura e impuestos y observó que el coste de aislar “bien” un piso de estas dimensiones asciende a unos 11.500 euros, que podrían reducirse un 40% aprovechando las subvenciones.

Según sus cálculos, los precios varían entre los 3.200 euros si se hace una reforma “ligera”, aislando “parcialmente” los muros exteriores (con seis centímetros de poliestireno extruido) y 10.500 euros si se opta por un mayor espesor del aislamiento (12 centímetros) o un relleno de las cámaras interiores al 100% (con fibra de celulosa, por ejemplo), además del cambio de las ventanas a unas de calidad PVC con vidrio 4-16-4 bajo emisivo.

En el primer caso, el ahorro en climatización alcanzaría los 165 euros al año y en el segundo, 975 euros al año, según la organización, que recordó que el plazo de amortización de los costes del aislamiento depende del tipo y el importe de la subvención, que oscila entre el 30% y el 80%.

Tras explicar que hay subvenciones directas a las obras de aislamiento, subvenciones para rehabilitar viviendas en poblaciones en “reto demográfico” y deducciones fiscales para la inversión en la rehabilitación de la vivienda habitual, OCU exigió “agilizar” la tramitación de las ayudas, para lo que aconsejó “simplificar el papeleo” y crear una ventanilla única y, en paralelo, urgió a “controlar de manera más estricta” la expedición del certificado energético.

En el caso de los consumidores vulnerables, defendió que deberían poder beneficiarse de subvenciones de hasta el 100% del importe, incluyendo el IVA. “Subvenciones que no deberían condicionarse a ser beneficiarios del bono social, ya que alrededor de 1,2 millones de personas que tienen derecho a él no lo conocen o no saben cómo tramitarlo”, sentenció.