Así lo expresó en una entrevista en La 1 recogida por Servimedia. Ante la denuncia presentada por Amama ante la Fiscalía para denunciar el supuesto borrado de historiales médicos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la ministra de Sanidad insistió en que “esto requiere una investigación con dos patas, una judicial y otra política”.

De hecho, remarcó que “estamos hablando de un Partido Popular que daba martillazos a los discos duros y que cuando tiene algo que ocultar ejerce todas sus funciones" y pone "al gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla a destruir las pruebas”.

En su opinión, el presidente de la Junta de Andalucía “no solo ha fallado en la estructura más fundamental de su sistema sanitario sino que se ha pasado toda la semana mintiendo y echando balones fuera”. Por ello, “debe abrirse la vía judicial para que llegue hasta donde tenga que llegar, pero esta no es la única vía, también está la política”.

Ante la negativa de las comunidades autónomas del Partido Popular a facilitar los datos sobre cribados, solicitados por el Ministerio de Sanidad, Mónica García aseguró que “esto es una declaración explícita de que los datos de estas comunidades son malos. La falta de transparencia es también un modo de incompetencia”.

ALARMA SOCIAL

De hecho, agregó, “cuando Madrid dice que estamos fiscalizando, nosotros no fiscalizamos nada. Estamos dando transparencia a un problema que surgió en la Andalucía de Moreno Bonilla y que ha creado una alarma social y una desconfianza de todos los programas de cribado”.

Por ello, García explicó que su departamento pidió estos datos de los indicadores ya pactados con las comunidades para “dar tranquilidad y mostrar que lo están haciendo bien”. En cambio, la negativa de enviar estos datos “significa que nos quieren ocultar estos datos que previsiblemente son malos", remarcó.

Ante esta situación, la ministra aseguró que “hay comunidades que creen que estos datos les pertenecen cuando son de beneficio público. Los datos pertenecen a la ciudadanía, por lo que utilizaremos todas las herramientas legales y administrativas que tengamos en nuestra mano”.

De hecho, añadió, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “se le hizo un requerimiento al que le quedan poco más de 20 días” por su negativa de hacer un registro de objetores del aborto. En caso de no responder, aclaró la ministra, “se procederá a un contencioso administrativo y tendrá que responder ante la justicia”.

Del mismo modo, explicó que ante la negativa a entregar los datos de cribados, se podría recurrir a la ley de transparencia "porque ante esta norma si tienen que rendir cuentas”.