En la carta, García muestra la “máxima preocupación institucional tras las informaciones difundidas recientemente por el diario El País sobre presuntas directrices impartidas por la dirección del Grupo Ribera Salud para incrementar deliberadamente las listas de espera, rechazar procesos no rentables y priorizar la rentabilidad económica por encima de la atención sanitaria”.

A continuación destaca que “estos hechos, de confirmarse, constituirían una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud y un atentado directo contra los derechos de los pacientes de la Comunidad de Madrid”.

De hecho, señala en la misiva que los audios, las denuncias internas posteriores y los despidos de profesionales que alertaron sobre estas prácticas “dibujan un escenario que no puede ser ignorado por ninguna autoridad sanitaria”.

Por ello, continúa, “resulta imprescindible que la Comunidad de Madrid esclarezca con urgencia si las órdenes reveladas han afectado a la actividad asistencial, a la derivación de pacientes, a los tiempos de respuesta quirúrgica o al cumplimiento de los compromisos contractuales que vinculan a Ribera Salud con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas)”.

EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN

En la carta dirigida a la presidenta madrileña, Mónica García advierte de que “si la investigación confirma vulneraciones contractuales, asistenciales o éticas, la Comunidad de Madrid está obligada a activar los mecanismos previstos en la ley, incluido el inicio del procedimiento para extinguir la concesión del Hospital Universitario de Torrejón”.

Asimismo, añade a continuación, “los hechos revelados no pueden circunscribirse únicamente al Hospital de Torrejón. Resulta imprescindible verificar si estas prácticas son aisladas o, por el contrario, forman parte de dinámicas más amplias en el conjunto de centros públicos gestionados mediante concesión privada en la Comunidad de Madrid”.

Por ello, “en el ejercicio de las responsabilidades que nos competen, me veo en la obligación de trasladarle formalmente las siguientes solicitudes: la apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre los hechos revelados en el Hospital Universitario de Torrejón”.

Igualmente pide la valoración, a la luz de los resultados de dicha investigación, “de la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directa” del centro, así como la extensión de las actuaciones de inspección y verificación a todos los hospitales madrileños que operan bajo el mismo modelo concesional".

Al término de la carta, Mónica García solicita a Díaz Ayuso que informe al Ministerio de las medidas que adopte y del calendario de actuaciones “para garantizar la protección de los pacientes y la integridad del servicio público”.