Así se expresó en una entrevista en RNE recogida por Servimedia en la que explicó que si finalmente no hay acuerdo y el PSOE presenta una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para cambiar la norma "mi obligación en momentos difíciles es dar la cara y estaré ahí (en el Congreso) para proteger el principal avance feminista en estos últimos años".

Agregó después que "hay muchos que nos quieren ver fuera del Gobierno pero vamos a seguir trabajando" por el acuerdo y por las mujeres. "Escuchamos muchas veces que no se podía gobernar en colación y se ha gobernado".

El principal escollo para llegar al acuerdo, razonó Montero, es que "el consentimiento siga estando en el centro de la ley" y agregó en tono conciliador que "seguimos negociando y no me pongo límites", aunque destacó que se opone frontalmente a que "las mujeres tengan que volver a pasar por el calvario probatorio, demostrar que hubo violencia" para ser creídas. "Hemos estado en negociaciones difíciles y al final hemos llegado a acuerdos", zanjó.

Montero reconoció que está dispuesta a que se suban las penas, para evitar las más de 300 rebajas de condena de violadores que ya se han producido pero "manteniendo el consentimiento como eje central, no cambiando la definición de lo que es una agresión sexual ni crear subtipos" en función de si hay o no violencia.

También subrayó que "ninguna reforma penal va a evitar decisiones judiciales de rebaja de las penas que no se conforman con la ley ni con lo que ha dicho la fiscalía" ratificándose una vez más en que la ley está bien y que el problema es de la interpretación que hacen "algunos jueces".

Por último recordó que solo el 8% de las mujeres que sufren violencia sexual denuncia su situación, el 92% no lo hace porque teme no ser creída.