Así lo aseguró hoy, durante su visita a Granada, el ministro de Obras Públicas, José Borrell, quien negó que el problema estribe en una incorrecta señalización, aspecto en el que se fundamentaba la denuncia presentada por el juez de paz de Iznalloz contra el jefe de demarcación territorial del MOPT en Granada.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, Antonio Gallegos, aceptó la semana pasada la denuncia presentada por el juez de paz de Iznalloz, osé Luis Hernández-Carrillo, contra el citado alto cargo del MOPT, Rafael Villar, como presunto responsable de las muertes en accidente ocurridos en el mencionado tramo de la nacional 323.

El juez de paz considera que "Villar es responsable de la deficiente señalización horizontal de la carretera", al no haberla modificado a pesar de las numerosas denuncias presentadas.

El responsable de carreteras del MOPT en Andalucía Oriental deberá declarar ante el juez el próximo 11 de mayo, en calidad de imutado.

En su denuncia, el juez de paz de Iznalloz señala, como principal causa de los accidentes, "la confusa señalización que existe en la carretera, que mantiene las líneas discontinuas que permiten adelantar en tramos donde debería existir línea continua debido a la invisibilidad o mal estado de la calzada".

El desencadenante de la demanda fue el fallecimiento del camionero Juan Antonio Garabante, que perdió la vida en esta carretera hace unos meses. Según el juez de paz, el accidente se podrí haber evitado si hubiese existido una señal de prohibido adelantar.

Sin embargo, el titular del MOPT, José Borrell, declaró hoy que, según sus informes, la muerte de 200 personas en ese tramo no se debe a una incorrecta señalización, sino a que los automovilistas alcanzan velocidades no permitidas.

Para impedirlo en el futuro, el ministerio adjudicará próximamene las obras de rectificación del trazado de algunas curvas y de mejora del firme.