Estas aportaciones se enmarcan en “la experiencia acumulada” del movimiento de la discapacidad en España, que impulsó avances legislativos de “gran calado” en los últimos años, como la reforma del artículo 49 de la Constitución, que por primera vez en el mundo reconoce de manera expresa la necesidad de atender a mujeres y niñas con discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. El documento también analiza las insuficiencias de los sistemas estadísticos actuales, la persistencia de barreras estructurales y la invisibilización de este grupo en las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia.

Entre las medidas concretas planteadas por Cermi y FCM destacan la adopción de un enfoque interseccional real en todas las políticas públicas, la creación de sistemas de datos desagregados que visibilicen a mujeres y niñas con discapacidad, la implantación de recursos accesibles frente a la violencia y la discriminación, así como la urgencia de articular una estrategia de desinstitucionalización que priorice la vida independiente y la inclusión comunitaria. También se reclamó una ley de reparación para las víctimas de esterilizaciones forzosas, como parte de las garantías de “no repetición de estas violaciones graves de derechos humanos”.

De cara al futuro, el Movimiento Cermi se compromete a “seguir promoviendo propuestas en foros internacionales” como la ONU, la Unión Europea y el Consejo de Europa, y a “continuar trabajando en España” para que los avances normativos se traduzcan en “cambios reales en la vida de las mujeres y niñas con discapacidad”. Asimismo, seguirá reclamando que “la perspectiva interseccional sea transversal” a todas las políticas de igualdad, violencia de género, educación, salud, justicia y protección social.

El Cermi recordó que garantizar los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad exige “una acción política decidida y dotada de recursos”, que no se quede en declaraciones formales. “La igualdad no será real mientras la intersección entre género y discapacidad continúe invisibilizada en las agendas públicas. Ninguna mujer ni niña con discapacidad puede quedar atrás en el ejercicio de sus derechos humanos”, señaló la plataforma representativa de la discapacidad en España.