El nuevo texto que propone el Gobierno catalán, a diferencia de la ley estatal y de otras leyes de comunidades autónomas amplía el abanico de posibilitades de acreditación de la violencia machista. Así, en Cataluña no será imprescindible la acreditación penal, esto es, una denuncia, orden de protección o sentencia judicial para acceder a la totalidad de derechos que la nueva ley contemple.

Mercé Fernández, adjunta a la Presidencia del Institut Catalá de les Dones, explicó a Servimedia que cualquier caso de violencia de género "se podrá acreditar, por ejemplo, a través de un centro de salud que haya detectado que la mujer hasufrido malos tratos, o desde centros integrales o de intervención especialidad donde la mujer haya acudido para recibir ayuda jurídica o psicológica, o también desde la Inspección de Trabajo en los casos de acoso sexual en el trabajo, es decir, siempre organismos públicos debidamente acreditados que den constancia del hecho".

Este nuevo texto legislativo parte de la base de que "la violencia machista es una grave vulneración de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como un impedimento para lograr la plena ciudadanía de las mujeres, su autonomía y libertad", según informó la Generalitat catalana.

El objetivo de esta iniciativa legislativa, agrega en una nota, "es romper con la "invisibilidad y discriminación que han padecido las mujeres y reconocer y garantizar su derecho básico a vivir sin ninguna de las manifestaciones propias de la violencia machista".

Se trata de la primera ley que se realiza en Cataluña pararegular las actuaciones contra la violencia de género y destaca por establece, por primera vez en la comunidad, un marco legislativo que aborde de forma integral todas las formas de ejercer esta violencia (física, psicológica, sexual, abusos sexuales a mujeres y menores y violencia económica) y en todos los ámbitos en que se puede producir (de la pareja, familiar, laboral).

Incluye también el ámbito sociocomunitario, esto es, el referido a agresiones sexuales, acoso sexual, tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas, mutilación genital femenina, violencia derivada de los conflictos armados y violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Sus redactores inician mañana un proceso participativo con el fin de que las entidades municipalistas, asociaciones de mujeres y agentes sociales implicados en esta cuestión realicen aportaciones a la propuesta.

Este proceso finalizará a mediados de diciembre y está previsto que la propuesta definitiva pueda ser aprobada por el Gobierno catalán en enero de 2006.