Según informaron fuentes del tribunal que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez, la investigación realizada por Defensa de la Competencia ha demostrado que AFEPAN realizó una recomendación a sus socios para elevar en torno al 20 por cien el precio del pan en toda la provincia, medida que se materializó entre el 12 y el 15 de enero de 1991.

La medida afectaba a los frmatos más consumidos, por lo que la subida de precios parecía más encaminada al ánimo de lucro de los fabricantes, que a una necesidad real como consecuencia de la situación del mercado.

Para el Tribunal, estos hechos vulneran el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia que prohíbe, entre acciones, las recomendaciones colectivas que tengan por objeto falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional, y en concreto, la fijación de precios.

La dureza con la que Defensa de la ompetencia ha decidido actúar en el caso de los panaderos malagueños responde a la existencia de un mercado muy consolidado en la provincia, con un volumen de facturación de unos 7.000 millones de pesetas al año.