Este segundo recurso de inconstitucionalidad, después del primero admitido a trámite por el Tribunal Constitucional en octubre del año pasado, "se presenta porque el Gobierno central dejó en manos de la Generalitat de Cataluña la administración del tramo final del Ebro, y rompe el principio de unidad de cuenca que consagra la Constitución, la Ley de Aguas y la Directiva Marco de la Unión Europea", explicó.

El consejero murciano destacó que "la Región de Murcia quiere dejar claro que el agua es un bien de todos los españoles, y no de unos pocos, frente al caos hidrológico que ha abierto el Gobierno central con la derogación del trasvase", aseguró, en alusión a la propuesta de Cataluña de incluir la competencia del agua en su Estatuto de Autonomía o la posición de los socialistas de Aragón de "blindar" el Ebro.

Cerdá afirmó que "el agua no es de los políticos de Aragón o Cataluña, sino de los aragoneses, catalanes, navarros, murcianos, madrileños...", y añadió que este recurso no se presenta para "confrontar" sino para "poner orden y sentido común".