Así consta en el informe que presentará ante el 61º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en el que señala que esta "doble discriminación" limita de manera significativa su presencia en los espacios de toma de decisiones y condiciona su acceso a candidaturas y cargos públicos. El documento denuncia que las mujeres con discapacidad se enfrentan a “barreras persistentes y sistémicas” que restringen su participación política y que combinan los obstáculos derivados del género y de la discapacidad.

Estas mujeres están expuestas a un mayor escrutinio, cuentan con menos apoyo familiar y comunitario y disponen de menos oportunidades en educación y empleo, lo que reduce sus posibilidades de aspirar a un cargo público, según detalla la Relatora Especial, quien explica que estas dinámicas responden a “normas sociales y actitudes patriarcales” que asignan roles subordinados a las mujeres, incluidas aquellas con discapacidad.

El informe subraya que la violencia y la intimidación política "afectan de forma especialmente intensa" a las mujeres con discapacidad. Cita investigaciones que demuestran que esta violencia que produce tanto en espacios presenciales como en entornos digitales. La ONU advierte en este informe además que, incluso cuando existen cuotas para promover la igualdad de género, "estos mecanismos no suelen beneficiar a las mujeres con discapacidad", que siguen prácticamente ausentes de los órganos electivos salvo cuando se adoptan medidas específicas para garantizar su inclusión.

En el citado documento Naciones Unidas insta a los partidos políticos a "reforzar deliberadamente la interseccionalidad" de sus secciones de Mujer y Juventud para atraer y apoyar a mujeres con discapacidad, a menudo “especialmente marginadas en la política”. Además, recomienda que los Estados soliciten informes periódicos de los partidos sobre inclusión y la incorporación de la discapacidad en códigos de conducta y en requisitos vinculantes cuando reciban financiación pública.

AGENDA INTERNACIONAL DE MUJERES Y NIÑAS

En 2025 y según recopila y detalla el informe que presentará en el 61º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Hagrass situó la agenda de mujeres y niñas con discapacidad en foros clave. Defendió su inclusión en la tercera Cumbre Mundial sobre la Discapacidad de Berlín, donde intervino en la clausura y mantuvo reuniones con ministros y organizaciones del movimiento, y participó en la XVI Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe en Ciudad de México para impulsar sistemas de cuidados y apoyo inclusivos.

Además, presentó a la Asamblea General un informe que identificaba “las barreras a las que se enfrentaban los niños con discapacidad y los familiares que cuidaban de ellos, incluida la dimensión de género”. También abogó por integrar la perspectiva de discapacidad en marcos regionales de género y en políticas de inclusión financiera y economía de los cuidados en el Foro Árabe sobre el Desarrollo Sostenible.

Naciones Unidas constata en este informe que la representación política de las personas con discapacidad sigue siendo limitada casi veinte años después de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente en el caso de las mujeres. Advierte de "barreras legales, sociales y económicas" que obstaculizan tanto el acceso como el ejercicio de los cargos públicos. Estas barreras van, según la Relatora, desde restricciones ligadas a la "capacidad jurídica y requisitos médicos de elegibilidad", hasta costes adicionales y entornos físicos, informativos y digitales no accesibles que, sin apoyos y financiación pública específica, impiden una participación política efectiva.

Por último, alerta ante obstáculos que dificultan tanto el acceso como el ejercicio de responsabilidades públicas, desde la "falta de accesibilidad en procesos internos de partidos" hasta limitaciones en los recursos necesarios para sostener una campaña.