Así consta en su ‘Informe Anual 2021’ que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en el que reitera su preocupación sobre la situación de “especial vulnerabilidad” en que se encuentran las personas que, por falta de autonomía, por edad o discapacidad, tienen que vivir en un centro residencial.

Ante esta situación, conmina a las autoridades a aplicar un “mayor control” sobre “las circunstancias en que se desenvuelve la vida” en esos centros.

Para lograrlo, “los servicios de inspección deben estar suficientemente dotados y es necesario aprobar planes periódicos de inspección de los centros con indicadores sobre calidad, trato inadecuado y buenas prácticas”.

A su vez, las comunidades autónomas “deben realizar un importante esfuerzo de actualización y armonización sobre los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación y posterior autorización de funcionamiento, dada la gran dispersión normativa en la materia”.

Por su parte, el Defensor del Pueblo atestigua que existe un “acuerdo unánime” sobre la conveniencia de “revisar el modelo convencional de atención residencial”, para orientarlo hacia “nuevos modelos de convivencia colectiva” en los que se tenga en cuenta “siempre” las “características y necesidades de los usuarios y la mejor gestión de los recursos materiales”.

En el documento, la Defensoría explica que el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, está trabajando en un nuevo acuerdo para garantizar la calidad de los centros y servicios del sistema.

En ese sentido, destaca que “se comparte la necesidad de ir hacia un sistema que promueva como modelo la atención centrada en la persona, con un enfoque menos institucionalizado y que permita flexibilidad para una provisión de servicios que proporcione apoyos personalizados en el contexto de proximidad de las personas”; un nuevo modelo residencial basado en “unidades de convivencia”.

Por último, el Defensor del Pueblo evoca que ha considerado “razonado y justificado, durante muchos meses, que las restricciones de derechos fueran más intensas para aquellas personas que viven en las residencias de mayores, dada su especial vulnerabilidad frente al virus (covid-19), la extensión de los contagios y la mayor gravedad y letalidad de la covid-19 para las personas en función de su mayor edad”.

A pesar de ello, señala que los “efectos positivos” ha tenido la vacuna en las residencias se traducen en un “menor riesgo de padecer los efectos más graves de la enfermedad”.