Así lo precisaron este viernes fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy, que ha elaborado un estudio sobre la evolución prevista de las listas de espera. El informe calcula cuántas personas más se incorporarán al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia tras la ampliación de la financiación aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros.

Las mismas fuentes subrayaron que la “histórica” ampliación que ha aprobado el Gobierno a instancias de Derechos Sociales de las cuantías que el Estado transfiere para financiar el sistema de la dependencia supondrá que, a final del próximo año, las listas de espera para acceder a una prestación efectiva se reducirán en un 47%.

Dicho porcentaje implica que, en solo un año y medio, más de 70.000 personas, en concreto 71.338, dejarán de estar en lista de espera. Las citadas fuentes puntualizaron que se trata de un “descenso récord” que se produce, además, en un contexto en el que, “cada año, sube el número de personas que solicitan una prestación por dependencia”.

Según estas mismas estimaciones, a finales de 2027 habrá 416.774 personas más que recibirán una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 25% respecto a 2025 y una cifra total de 2.099.559 personas atendidas dentro del sistema.

NUEVAS CUANTÍAS

Estas estimaciones se han realizado en base a las nuevas cuantías que el Gobierno aprobó la semana pasada y que han implicado que se duplique la aportación estatal que se reparte entre los Gobiernos de las comunidades autónomas para la gestión de la dependencia en cada territorio.

Las nuevas cuantías se han empezado a abonar en este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros a repartir entre los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027.

Las fuentes del ministerio de Bustinduy agregaron que, además de la “notable” reducción de las listas de espera y del “aumento significativo” en el número de personas atendidas, este incremento en la financiación se traducirá también en una mejora en la calidad de las prestaciones que se reciben y en las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia.

Asimismo, Derechos Sociales prevé que se seguirán reduciendo las listas de espera y subiendo el número de personas con una prestación “más allá de 2027”, ya que esta mayor aportación estatal a las comunidades es “estructural”, dado que las nuevas cuantías quedan “fijadas y blindadas por ley” y, por tanto, los Gobiernos autonómicos “continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos”.