El Gobierno entiende que estas prácticas (enviar mensajes no deseados, principalmente publicitarios) son "desleales" y, por tanto, perseguibles.

La intención de este texto es aumentar la seguridad de los consumidores y proporcionar seguridad jurídica a las empresas para que compitan legítimamente en el mercado.

La ley considera que pueden alterar el comportamiento económico de los consumidores las conductas engañosas que contengan información falsa o que, aun siendo veraz por su contenido o presentación, puedan inducir a error a los destinatarios.

Del mismo modo se considera "desleal" y "agresivo" todo comportamiento que pueda mermar de manera significativa, mediante acoso, coacción, fuerza o influencia indebida, la libertad de elección o conducta de los consumidores en relación al bien o servicio que se oferte.

También se consideran conductas desleales la comparación pública de la actividad, las prestaciones o el establecimiento propio o ajeno con los de un tercero, la ocultación de información necesaria para que los consumidores puedan adoptar un comportamiento económico con conocimiento de causa o la transmisión de información de manera poco clara, ininteligible, ambigua o en un momento que no sea adecuado.

Igualmente se perseguirán las prácticas que puedan inducir a los consumidores a tomar decisiones inmediatas con el pretexto de que un bien o servicio sólo estará disponible durante un período de tiempo limitado y esto no sea cierto.

Para combatir todas estas prácticas, el nuevo texto legal prevé la posibilidad de emprender acciones de cesación del acto o prohibición de reiteración, de rectificación y de resarcimiento de daños por parte de los afectados y las autoridades competentes.

Finalmente, el proyecto de ley también prevé por parte de las Administraciones Públicas la promoción de códigos de conducta entre las organizaciones empresariales y profesionales que ayuden a controlar las prácticas publicitarias desleales de las empresas y a elevar el nivel de protección de los consumidores.