Así lo señaló en una entrevista publicada en el diario digital del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), coincidiendo con la entrada en vigor de la norma, tras su publicación previa en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Merino subrayó que la ley supone “un paso histórico” en la actualización del marco jurídico de la economía social en España, al mejorar la seguridad jurídica del sector, ampliar los instrumentos de apoyo y consolidar su reconocimiento institucional como “modelo orientado al interés general”.

Entre los principales avances para el ámbito de la discapacidad, destacó la inclusión expresa de los centros especiales de empleo de iniciativa social dentro del ecosistema de la economía social, así como su consideración como prestadores de servicios de interés económico general. Además, la norma incrementa la contratación pública reservada para estas entidades y para las empresas de inserción, lo que refuerza su estabilidad y capacidad de crecimiento.

La secretaria de Estado también puso en valor el papel desempeñado por el Cermi y por entidades como Feacem durante la tramitación parlamentaria, cuyas aportaciones técnicas calificó de “decisivas” para mejorar el texto final y orientar los apoyos públicos hacia iniciativas con impacto social directo.

La nueva ley actualiza de forma integral las principales normas del sector, impulsa fórmulas innovadoras como la vivienda cooperativa en cesión de uso y amplía el reconocimiento institucional de actores clave del tercer sector, entre ellos la ONCE.

Desde el Cermi valoraron la entrada en vigor de la norma como “un avance relevante en el reconocimiento del valor económico y social de la discapacidad organizada”, así como en la consolidación de un modelo productivo inclusivo que sitúa a las personas en el centro de la actividad económica.