Según informó la Guardia Civil este miércoles, la investigación se inició en el mes de octubre de 2024, a raíz de la cooperación policial internacional en el ámbito de Europol con los Carabinieri del núcleo investigativo de la región de Reggio Emilia (Italia), mediante la que se tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada a la sustracción y falsificación de vehículos de lujo en territorio italiano.

La organización criminal operaba con patrones delictivos idénticos tanto en Italia como en España. En nuestro país, los miembros del grupo recorrían distintas localidades de la Costa del Sol en busca de los vehículos más exclusivos del mercado, una vez seleccionados instalaban discretamente dispositivos de geolocalización, lo que les permitía conocer en tiempo real la ubicación exacta de cada coche.

Cuando detectaban que el vehículo estaba estacionado en la vía pública, garajes comunitarios o en aparcamientos públicos, se desplazaban hasta el lugar, generalmente en horas de madrugada, para ejecutar el robo mientras otros integrantes se aseguraban de asegurar el perímetro y garantizar el éxito en la sustracción. Para poder robar el vehículo, accedían al interior tras vulnerar los sistemas de seguridad del fabricante y lo arrancaban sin necesidad de llave ni de emplear la fuerza física.

Una vez sustraído, el coche era trasladado a una nave ubicada estratégicamente en la comarca malagueña de la Axarquía, el cual contaba con sofisticadas medidas electrónicas de contravigilancia, lo que permitía ocultar el vehículo durante el tiempo necesario hasta que los autores regresaban nuevamente a España para modificar los elementos identificativos a la vez que codificaban una nueva llave.

Una vez dotado de una nueva identidad, otro miembro de la organización criminal se dirigía a España para trasladarlo hasta Amberes (Bélgica) desde donde era exportado hacia Emiratos Árabe Unidos.

GANANCIAS OBTENIDAS

La organización criminal investigada blanqueó más de 2,5 millones de euros mediante un entramado financiero basado en criptomonedas, aprovechando la opacidad de los activos digitales para ocultar el origen ilícito de los fondos. Para ello, se valieron de la participación de testaferros, quienes figuraban como titulares de cuentas y carteras virtuales, con el objetivo de dificultar el rastreo patrimonial y eludir la acción judicial.

Gracias a la operación policial, se recuperaron bienes valorados en más de 3,5 millones de euros, entre los que se incluyen vehículos de alta gama, inmuebles, dinero en efectivo y activos digitales, todos vinculados directamente a los miembros de la red criminal y sus colaboradores.

Para el desarrollo de esta operación se creó un equipo conjunto de investigación en el seno de Eurojust y Europol, herramientas fundamentales de cooperación judicial y policial respectivamente, perfectamente coordinadas e imprescindibles para combatir este tipo de organizaciones criminales de carácter trasnacional.

El intercambio bilateral de información entre los países afectados ha permitido descubrir la proyección de los delitos investigados fuera de las fronteras de la UE.