Así lo han reclamado en una carta dirigida a los ministerios de Agricultura, Transición Ecológica, Consumo y Sanidad, según precisaron este jueves en un comunicado en el que denunciaron que la Comisión Europea “ignora” una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2018 que dictaminó que las plantas obtenidas por NTG deberían considerarse como organismos modificados genéticamente y, por lo tanto, “pasar por los mismos requisitos de seguridad, evaluación, control, trazabilidad y etiquetado”.

Las organizaciones ecologistas y de consumidores defendieron que la “desregulación” de los cultivos y alimentos originados a partir de NTG supone “riesgos” para el medio ambiente y la salud humana y que la propuesta de la Comisión abarcaría plantas silvestres y árboles forestales, con “impactos imprevisibles en unos ecosistemas cada vez más frágiles”.

En paralelo, aseguraron que dicha “desregulación” también “amenaza la libertad de elección de los agricultores” y que la “mayoría” de nuevos organismos modificados genéticamente se cultivarían “sin que puedan ser identificados, poniendo en peligro la supervivencia de los sectores ecológicos y convencionales”, que, a su juicio, “tendrían que soportar la carga de contaminación en sus campos”.

Junto a ello, estimaron que la propuesta “anula” la “libertad de elección” de los consumidores y advirtieron de que “muchos” de los nuevos ingredientes derivados de estos cultivos “no estarían etiquetados, privando a los consumidores de información y capacidad de elección.

PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD

Por último, aseveraron que “pone en cuestión” la “credibilidad” de supermercados y del comercio minorista. “Al no ser obligatoria la trazabilidad y el etiquetado para muchos de estos nuevos alimentos modificados genéticamente, a los comercios les resultará difícil garantizar su ausencia, especialmente en sus líneas ecológicas”, resolvieron, convencidas de que la propuesta de la Comisión Europea es “de especial gravedad” al “violar el principio de precaución”.

Por ello, solicitan al Gobierno que “deje de apoyar” esta propuesta con el objetivo de “volver a redactar una regulación que proteja el medio ambiente, la salud pública y a los productores y consumidores”.