Así se recoge en las 39 páginas del documento cotejado por Servimedia, que evita entrar en varios debates sensibles como el aborto, la gestación subrogada, la eutanasia o la relación con la extrema derecha. Sí endurece su posición en lo que se refiere a la inmigración, con una oposición frontal a las llegadas irregulares o el uso del burka.

El documento no menciona expresamente a Vox ni a la ultraderecha, pero remarca que “se puede hablar de todo lo que la Constitución permite, y con todos los que estén dispuestos a cumplirla”. La redacción es ambigua, pero legitima el diálogo con el partido de Santiago Abascal, e incluso con Junts y PNV, siempre y cuando se sitúen dentro del marco legal y constitucional, escenario que no se da con los independentistas catalanes.

Todas las encuestas auguran hoy que Feijóo necesitaría a Vox para llegar a la Moncloa. En este contexto, los populares se marcan como objetivo “obtener una mayoría suficiente” para poder gobernar en solitario, es decir, sumar más que toda la izquierda, lo que le permitirá llegar a la Moncloa con la abstención de Vox en una eventual sesión de investidura.

La incógnita se despejará en 2027, salvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decida adelantar las elecciones por tercera vez. Mientras tanto, los populares critican en su ponencia que los socialistas “pretenden bloquear la formación de mayorías alternativas dando muestra de un tacticismo arbitrario y muy poco escrupuloso” que empezó con el Pacto del Tinell de 2003, “cuando todas las fuerzas políticas nacionalistas y de izquierdas acordaron una prohibición expresa de alcanzar acuerdos de gobernabilidad con el PP en Cataluña y toda España”.

INMIGRACIÓN

La inmigración es uno de los principales pilares del nuevo ideario del PP, que lleva sin actualizarse desde 2017. Entonces, los populares tenían un discurso más conciliador con el multiculturalismo. Ocho años después, dan la bienvenida a los que vienen a “contribuir” y “trabajar”, pero subrayan su “tolerancia cero con aquellos que cometen delitos, especialmente los reincidentes, y con los que no se quieren integrar”.

De hecho, la ponencia subraya que “ninguna tradición ni creencia puede justificar prácticas que invisibilizan u oprimen a la mujer”, y se opone al uso del burka o el niqab por suponer “una negación simbólica y práctica de su libertad”, además de colisionar con principios superiores como la seguridad. En esta línea, apuesta por primar la llegada de los inmigrantes “culturalmente cercanos, que cubren necesidades en el mercado laboral y anhelan ser partícipes de nuestro sistema de valores”.

El PP aboga por implantar un nuevo modelo migratorio con “cauces legales realmente efectivos para la gente que quiere venir a trabajar”, y “un control efectivo sobre la inmigración ilegal” que acabe con las “fronteras desprotegidas y un sistema de regularización caótico que incentiva a las mafias que trafican con personas y a miles de migrantes a incumplir la ley”.

Entre otras cosas, los populares condicionarán la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social, y al conocimiento del idioma y de la cultura españolas; repatriarán “de inmediato” a los inmigrantes ilegales y a quienes cometan algún delito; y no permitirán que terceros países “traten de utilizar la inmigración como arma para desestabilizar” el país.

ASUNTOS ESPINOSOS

En la política social, que se reduce a nueve páginas frente a las 50 páginas redactadas en 2017, desaparecen varias referencias a asuntos sensibles como puede ser el aborto. Feijóo ha respaldado la ley de plazos, pero ha evitado llevar ese aval al texto de una ponencia que ni lo menciona. En la última versión, el PP dice que no lo puede entender como “un derecho, sino como un fracaso de la sociedad”. Lo mismo sucede con la gestación subrogada, aunque hace ocho años el PP se limitó a apelar a la sociedad a abrir un debate “sosegado”.

Con respecto a la eutanasia, los populares defienden un sistema de cuidados paliativos “mejor dotado y humanizado”, garantizándolos “a quienes más lo necesitan hasta el último suspiro”, pero no hace ninguna mención expresa. Tampoco hay alusiones al colectivo Lgtbi. La nueva ponencia condena todos los ataques que no respeten la libertad sexual de los españoles, pero no recoge, por ejemplo, un respaldo a las familias homoparentales como sí hace en su versión anterior.

Entre las novedades de esta ponencia se encuentra la defensa aún más férrea de la tauromaquia porque “es una expresión cultural con profundas raíces históricas y merece todo el respeto”. “Defenderla es defender la libertad individual y el derecho a elegir nuestras raíces sin imposiciones”, reza el texto.

PENSIONES Y NATALIDAD

Por otro lado, los populares se comprometen a garantizar un sistema de pensiones “viable” –sin explicar cómo– al tiempo que se hacen cargo de la desafección de los jóvenes porque “durante muchos años se ha hecho política mirando más al censo electoral que al futuro”. El PP defiende ante las nuevas generaciones que “la solución no pasa por enfrentar a generaciones ni por culpar” a los mayores, sino por que los poderes públicos asuman “un compromiso político y económico sin precedentes que permita a los jóvenes iniciar un proyecto formativo, laboral o familiar con garantías”.

En este contexto, la ponencia del PP aboga por “aumentar rápidamente la oferta disponible” de vivienda ampliando el suelo edificable, eliminando burocracia, bajando impuestos a los jóvenes, generando incentivos para que los pisos vacíos se pongan en alquiler con seguridad jurídica y acelerando la construcción de nuevas viviendas.

Y apuesta por poner la natalidad en “un lugar central en la agenda política” para que las familias puedan decidir si quieren hijos independientemente de “las circunstancias económicas, políticas y sociales”. Además, ante “la gran precariedad laboral de los jóvenes” que “provoca un desfase entre el reloj biológico y el reloj social", el PP propone que el Estado financie la congelación de óvulos para las mujeres jóvenes.

ECONOMÍA

En el plano económico, la nueva ponencia del PP defiende que “el subsidio por desempleo ha de estar condicionado a la no renuncia reiterada e injustificada de ofertas de trabajo adecuadas”, y ve “urgente” atajar el absentismo laboral y combatir la despoblación. Asimismo, recoge su compromiso de “eliminar el despilfarro” en las cuentas públicas con “medidas de calado” y mientras se bajan los impuestos con “una profunda reforma” que deje “menos espacio para el fraude”.

Por último, el PP reafirma su apuesta por “la neutralidad tecnológica” y “el crecimiento en energías renovables”, pero con “la prórroga de la nuclear” para garantizar “energía barata ya”.

La redacción del texto ha sido pilotada por Alma Ezcurra, eurodiputada y coordinadora general de la fundación Reformismo21, con la participación como ponentes de los presidentes de Andalucía y Castilla y León, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Los cuatro empezarán a negociar en los próximos días las enmiendas de los afiliados. En 2017, se presentaron unas 4.000.